El Gobierno argentino, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicitó formalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que Milagro Sala vuelva a la cárcel y pierda su prisión domiciliaria.
La cartera de Justicia argumentó que Sala, exlegisladora jujeña y líder de la organización Túpac Amaru, tiene una condena firme de 15 años por delitos de asociación ilícita, fraude y extorsión. Sostienen que debe cumplir su sentencia en prisión, "sin privilegios" como cualquier otro condenado.
El Ministerio de Justicia rechazó las alegaciones de "hostigamiento judicial" presentadas por la defensa de Sala y destacó que ella ha incumplido las condiciones de su arresto domiciliario, cambiando de ubicación sin autorización judicial.
En un comunicado contundente, advirtieron que "los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados". Enfatizaron que en la "nueva Argentina" del presidente Javier Milei se terminarán los privilegios para quienes "se enriquecieron a costa de los argentinos".
Con la frase "Hay un solo lugar para los criminales: la cárcel", el Gobierno ratificó su posición de revocar la medida cautelar de la CIDH y exigir que Milagro Sala regrese al sistema penitenciario para cumplir íntegramente su condena.
