El Gobierno publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 20/2026, que implementó un recorte de casi $49.000 millones en partidas de Defensa, apenas una semana después de anunciar el Plan ARMA, el programa oficial de modernización de las Fuerzas Armadas. Este ajuste genera una contradicción evidente entre el discurso oficial y la realidad presupuestaria, comprometiendo la ejecución de proyectos estratégicos para el sector militar argentino.
La Fuerza Aérea resultó la más afectada con un recorte de $16.500 millones en bienes de uso y equipos militares de su Programa de alistamiento operativo. Este golpe es particularmente grave considerando que Argentina acaba de incorporar los primeros seis de los 24 aviones F-16AM/BM adquiridos a Dinamarca. El Ejército sufrió una disminución de $12.622 millones destinados a equipamiento de transporte y comunicaciones, mientras que la Armada registró un recorte de $15.220 millones en su programa de alistamiento operativo, incluyendo la eliminación de una partida de crédito externo de $10.620 millones para la incorporación de cuatro helicópteros navales AW109M para la Base Naval Puerto Belgrano.
Los efectos del ajuste se extienden incluso a la logística antártica, donde se redujeron asignaciones para combustibles y lubricantes destinados a la campaña antártica. La única área que recibió refuerzo presupuestario fue la sanidad militar con $4.000 millones para insumos médicos y farmacéuticos, reflejando la presión acumulada en la obra social de las Fuerzas Armadas. Este panorama se agrava porque el gasto en Defensa representa apenas el 0,28% del PBI, el nivel más bajo en años, con entre el 75% y el 85% del presupuesto destinado a salarios.
El recorte forma parte de una tendencia de dos décadas de deterioro presupuestario que genera tensiones crecientes entre los cuadros mejor formados de las Fuerzas Armadas. Personal altamente especializado como pilotos y fuerzas especiales comienza a considerar sectores alternativos donde podrían obtener mejores remuneraciones. Adicionalmente, el Presupuesto 2026 derogó la obligación de destinar el 0,8% del PBI al reequipamiento de las Fuerzas Armadas, eliminando el único mecanismo formal de protección presupuestaria del sector.
En términos absolutos, los $49.000 millones recortados equivalen a aproximadamente 35 millones de dólares, recursos que hubieran sido fundamentales para complementar el Plan ARMA. En cambio, se utilizaron para compensar un ajuste ejecutado mediante decreto, evidenciando la desconexión entre los anuncios de modernización militar y las decisiones presupuestarias reales del Gobierno.
