El Gobierno se prepara para enviar al Congreso un nuevo paquete de proyectos de desregulación económica que busca transformar sectores clave de la economía argentina. La iniciativa incluye tres ejes principales: una reforma integral del Código Aduanero, una reconfiguración del mercado inmobiliario y modificaciones al régimen de cabotaje en el transporte por agua entre puertos argentinos. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, bajo la dirección del ministro Federico Sturzenegger, encabeza la elaboración de estos proyectos en coordinación con el Ministerio de Economía.
En el sector inmobiliario, el Gobierno propone redefinir la actividad de corretaje, transformándola de "profesión liberal" a "servicio de intermediación comercial". La medida busca modificar el funcionamiento de los colegios profesionales, permitir operaciones sin restricciones geográficas entre jurisdicciones y eliminar la obligatoriedad de matrícula colegiada. Paralelamente, la reforma aduanera apunta a reducir trámites y burocracia para agilizar el ingreso y egreso de mercaderías, modificar controles y revisar las penalidades vinculadas al contrabando.
El paquete también incluye una reforma de la Ley de Cabotaje, que regula el transporte comercial de cargas entre puertos argentinos. La propuesta permitiría que buques con bandera y tripulación extranjeras operen servicios de navegación marítima y fluvial dentro del país, con el objetivo de ampliar la competencia y reducir costos logísticos. Esta medida anticipa un debate importante con navieras, sindicatos y actores de la marina mercante por sus posibles impactos laborales, registrales e impositivos.
Según se conoció esta semana, algunos borradores iniciales contenían un pedido de facultades delegadas por seis meses bajo emergencia administrativa para avanzar con desregulaciones por decreto. Sin embargo, altas fuentes gubernamentales desmintieron categóricamente esta posibilidad, asegurando que "fue descartado durante la revisión del texto". El Ministerio de Desregulación confirmó que los textos "están en revisión" pero no adelantó cuándo serán enviados al Congreso.
El oficialismo enfrenta dificultades para avanzar con iniciativas similares. La semana pasada, la sesión del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada debió pasar a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto por falta de apoyo de los aliados, quienes se negaron a votar la eliminación de restricciones para venta de tierras a extranjeros. Incluso la vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó públicamente la medida, señalando que implicaba "vender el país". El proyecto también enfrenta incertidumbre en el Senado, donde deberá tratarse junto con la Ley Hojarasca y la nueva Ley General de Sociedades.
