El oficialismo continúa impulsando la reforma de la Ley de Glaciares en el Congreso, a pesar de las impugnaciones y rechazos manifestados durante la segunda jornada de audiencias públicas. La mayoría de los participantes reiteró su oposición a la norma que ya cuenta con media sanción del Senado, cuestionando además la validez del proceso al señalar que solo fue incluido el 0,5% de los inscriptos. Los asistentes advirtieron que recurrirán a la vía judicial si el proyecto prospera, mientras que las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales no aclararon los criterios de selección utilizados.
La exdiputada Graciela Camaño, reconocida por su expertise en cuestiones reglamentarias, fue una de las voces más destacadas en la audiencia. Camaño impugnó directamente el procedimiento, argumentando que "la no realización de la audiencia obligatoria conforme a las pautas constitucionales determina la nulidad absoluta del acto". Además, advirtió que el proyecto viola el artículo 41 de la Constitución Nacional al transformar una ley de protección científica uniforme en una norma política donde cada provincia definiría qué ambiente periglacial proteger según sus intereses mineros. "La Ley de Glaciares es el piso mínimo, no puede reducirse", enfatizó.
Pablo Villagra, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), también expresó su rechazo técnico a la reforma. Señaló que la propuesta no representa una mejora porque deja áreas con hielo sin proteger, genera nuevas ambigüedades y subordina las decisiones científicas a consideraciones políticas. Villagra advirtió que el proyecto dejaría sin resguardo parte del ambiente periglacial que contiene hielo subterráneo, fundamental para las funciones hídricas. Además, criticó que no se prevea presupuesto para el IANIGLA, generando incertidumbre institucional.
El clima de la audiencia virtual fue marcadamente diferente al de la jornada presencial. Mientras que la primera fue tensa, con cruces entre participantes y diputadas de La Libertad Avanza, la modalidad a distancia impuesta por el oficialismo restó relevancia y provocó la ausencia de muchos legisladores. El bloque gobernante, confiado en contar con los votos necesarios gracias al respaldo del PRO y la UCR, permitió que los discursos en contra se sucedieran sin intervención.
La Libertad Avanza continúa organizando estrategias para asegurar la aprobación del proyecto. Próximamente realizará una audiencia con los 12 gobernadores "mineros" para presionar a los legisladores de esas provincias. El diputado Maximiliano Ferraro ya presentó una carta solicitando que se incluya al resto de los gobernadores si se realiza esa convocatoria. Se estima que en los primeros días de abril, con dictamen favorable de las comisiones, el proyecto será llevado al recinto para su sanción definitiva, pese a que más de 100.000 personas e instituciones ambientalistas han manifestado su desacuerdo.
