El presidente Javier Milei anunció durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso una ambiciosa agenda de reformas estructurales para 2026. El Gobierno planea enviar al menos diez paquetes legislativos por mes, lo que representa aproximadamente 90 iniciativas a lo largo del año. Cada ministerio ya tiene preparados distintos proyectos que serán remitidos de manera escalonada con el objetivo de "rediseñar la arquitectura institucional de la Nueva Argentina". Ante esta estrategia, el peronismo intenta reorganizarse para impedir que La Libertad Avanza monopolice el debate político en el Parlamento.
Las reformas contempladas incluyen modificaciones significativas al Código Civil y Comercial, al Código Procesal Civil y Comercial, y a la Ley de Defensa del Consumidor. También se prevén cambios en el régimen tributario, el Código Aduanero, el sistema electoral y el financiamiento de partidos políticos. A esto se suman reformas judiciales, educativas y nuevas iniciativas de desregulación económica que buscan transformar profundamente la institucionalidad argentina.
En la oposición peronista, agrupada principalmente en Unión por la Patria, existen diferentes diagnósticos sobre el escenario político. Algunos dirigentes reconocen que el oficialismo cuenta con herramientas suficientes para marcar el ritmo del Congreso gracias al respaldo de bloques aliados como el PRO y la Unión Cívica Radical, además del acompañamiento de varios gobernadores. Los opositores advierten que "la agenda del Congreso la podés manejar si tenés alguna presidencia que te permita avanzar con los proyectos, pero ellos hasta ahora se quedaron con todo".
El control de las comisiones parlamentarias emerge como un factor clave en esta disputa política. Actualmente, el oficialismo encabeza todas las comisiones conformadas durante las sesiones extraordinarias, incluyendo Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales, Legislación Penal y Justicia. Desde la oposición denuncian que esta situación permitiría al Gobierno definir qué proyectos avanzan y cuáles quedan demorados, utilizando técnicas parlamentarias para canalizar iniciativas por comisiones que controlan.
A pesar de este panorama desfavorable, el peronismo considera que el respaldo de los gobernadores al Gobierno podría no ser permanente. Dirigentes del espacio creen que la lógica electoral modificará las alianzas políticas en los próximos meses, especialmente cuando se acerquen las elecciones provinciales. Mientras tanto, otros sectores sostienen que la oposición deberá impulsar una agenda propia, tanto en el Congreso como en la calle, para disputar el protagonismo político al oficialismo.
