El secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, solicitó al Congreso Nacional que derogue la Ley 24.184, que ratifica el Convenio de Promoción y Protección de Inversiones firmado entre Argentina y el Reino Unido el 11 de diciembre de 1990. A través de un mensaje publicado en X, Dachary calificó como un "error geopolítico" mantener un acuerdo que otorga al Estado británico el trato de "nación más favorecida" mientras "usurpan, saquean y militarizan" el territorio argentino en disputa.
Esta propuesta del funcionario fueguino llegó días después de que el presidente Javier Milei anunciara en cadena nacional el incremento del presupuesto de Defensa para la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y el endurecimiento de las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en el archipiélago sin autorización argentina. Dachary dirigió su reclamo directamente al Poder Legislativo, etiquetando tanto al Senado como a la Cámara de Diputados en su publicación.
La Ley 24.184 fue sancionada por el Congreso el 4 de noviembre de 1992, durante la presidencia de Carlos Menem. El acuerdo, que consta de 14 artículos, establece que ninguna de las partes puede someter las inversiones de la otra a un trato menos favorable que el dispensado a sus propios inversores o a los de terceros países. Además, garantiza a los inversores británicos la transferencia libre de ganancias, los protege frente a expropiaciones sin compensación y habilita mecanismos de arbitraje internacional para resolver disputas.
Sin embargo, el propio texto de la Ley 24.184 contempla que, en caso de denuncia del tratado, las inversiones realizadas mientras el acuerdo estuvo vigente quedan protegidas por sus disposiciones durante 15 años adicionales, un factor que complicaría cualquier proceso de derogación inmediata. El convenio fue uno de los resultados del proceso de normalización bilateral iniciado con los Acuerdos de Madrid I y II, firmados entre octubre de 1989 y febrero de 1990, que restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países tras la Guerra de Malvinas de 1982.
Paralelamente, el Gobierno nacional anunció que presentará una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. La demanda se realizará en la Cámara Federal porteña, a cargo del canciller Pablo Quirno con patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, argumentando infracciones a la Ley 26.659 que sanciona actividades no autorizadas por Argentina en esa zona.
