El Senado de la Nación aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil con 44 votos a favor y 27 en contra, convirtiendo en ley un proyecto impulsado desde el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich. La norma establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años e introduce un sistema penal especializado para adolescentes. Ahora requiere reglamentación por parte del Ejecutivo y su publicación en el Boletín Oficial.
Bullrich celebró la aprobación como un cambio fundamental en la política criminal argentina. "El Estado no va a seguir mirando para otro lado", expresó, enfatizando que la impunidad no educa y que el delito debe tener consecuencias sin importar la edad del infractor. La senadora argumentó que el modelo anterior se había agotado y que esta nueva ley busca restaurar la autoridad de la ley, proteger a los adolescentes y reparar a las víctimas.
El peronismo se opuso firmemente al proyecto, cuestionando que se concentra únicamente en lo punible sin abordar políticas integrales para la infancia. Los legisladores de ese bloque señalaron que el presupuesto asignado de $23.700 millones es insuficiente para implementar el sistema en todas las provincias. Jorge Capitanich advirtió que sin fondos adecuados, "estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva".
El nuevo régimen crea un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de 14 a 18 años, garantizando procesos judicales adaptados a su edad. Introduce principios como legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, priorizando la resocialización. El sistema prevé garantías judicales desde el inicio, intervención de órganos especializados y participación activa de la familia. Las sanciones incluyen medidas educativas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y reparación del daño, con privación de libertad solo para delitos graves.
La ley otorga un rol central a las víctimas, garantizando asistencia jurídica y psicológica inmediata, participación en audiencias y acceso a instancias restaurativas. Para la ejecución de sanciones, incorpora la figura de un supervisor judicial especializado responsable del seguimiento y reinserción del joven. Se establecen estándares de alojamiento que prohíben la convivencia de adolescentes con adultos y garantizan acceso a educación, cultura y recreación. Finalmente, el proyecto estipula la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.
