El Senado aprobó la reforma de la Ley de Salud Mental y crece la polémica por los cambios

El Senado aprobó la media sanción de la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, que ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados. La iniciativa propone modificaciones en los criterios de internación, la participación de profesionales de la salud y los mecanismos de atención para personas que atraviesan crisis de salud mental.
Uno de los principales cambios está relacionado con las internaciones involuntarias. Mientras que la legislación vigente exige la existencia de un “riesgo cierto e inminente”, la reforma busca habilitar intervenciones anticipadas, antes de que las situaciones alcancen un nivel de gravedad. Además, establece que las evaluaciones para internaciones y altas deberán contar con la intervención conjunta de un médico y un psicólogo.
La propuesta también incorpora la ludopatía dentro de las adicciones contempladas por la normativa y establece modificaciones en los mecanismos de atención destinados a niños y adolescentes. Desde algunos sectores médicos, sin embargo, advierten que los cambios deberán acompañarse de una mayor disponibilidad de camas asistenciales en establecimientos especializados.
La reforma generó cuestionamientos de la Asociación Argentina de Salud Mental, que advirtió sobre posibles consecuencias para la atención comunitaria y los derechos de los pacientes. En la misma línea, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, rechazó la iniciativa y sostuvo que los principales problemas del sistema responden a la falta de inversión y planificación.
A través de sus redes sociales, Kreplak afirmó que la reforma no resuelve las dificultades actuales y cuestionó al Gobierno nacional por la falta de políticas e inversión en el área. También destacó que, durante el debate en el Senado, se logró frenar varios artículos incluidos en el proyecto original gracias al trabajo de legisladores y trabajadores de la salud.
Con la media sanción aprobada, el debate continuará en la Cámara de Diputados. Mientras sus impulsores plantean cambios en los mecanismos de intervención y atención, desde los sectores críticos reclaman mayor financiamiento, planificación y políticas públicas para fortalecer el sistema de salud mental.