En una sesión marcada por el caos y la falta de control, el Senado argentino postergó la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La oposición dialoguista logró desmantelar varios artículos del proyecto impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien mostró escasa reacción ante los embates legislativos. Ante los reclamos de modificaciones adicionales y en medio de negociaciones de último momento, se decidió frenar el tratamiento para una próxima sesión.
Legisladores libertarios reconocieron la derrota parlamentaria de esta jornada. Desde otros bloques señalaron que las solicitudes de cambios realizadas por el radicalismo y otros aliados fueron determinantes para dilatar el debate. Entre las modificaciones más importantes se destaca la eliminación del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), lo que significó una dura derrota para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. También se incorporó mayor poder a los gobernadores para definir límites de venta de tierras a extranjeros y se suavizaron las disposiciones sobre desalojos exprés.
Durante las comisiones, Bullrich destacó que se incorporó un límite máximo de lucro cesante del 30% en expropiaciones, se revisó la tasa de interés estableciendo IPC más la del Banco Nación a 30 días, y se definió que el valor de un bien será el anterior a cualquier acto vinculado a la expropiación. En cuanto a desalojos, se mantendrá la diferenciación entre locatarios y usurpadores, con un plazo de diez días para las intimaciones en casos habitacionales.
Respecto a tierras rurales, se confirmó mayor autonomía a los mandatarios provinciales, excepto en la prohibición de venta a Estados extranjeros. En zonas de frontera, habrá intervención nacional con autorización previa. Además, se modificó la ley de fuego impulsada durante la gestión anterior, reduciendo de 60 años a un plazo menor la prohibición de uso o cambio de dominio tras incendios de bosques.
En paralelo, el Senado aprobó un acuerdo del Estado con dos fondos de inversión: Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP aceptarán quitas superiores al 30% sobre sus reclamos en sentencias estadounidenses. El Estado argentino cancelará USD 67 millones al primero y USD 104 millones al segundo, totalizando USD 171 millones. La operación incluye una cláusula de "standstill" que impide nuevas acciones legales hasta completar el pago.
