El presidente Javier Milei ha impuesto su propia interpretación de términos clave en el vocabulario de su administración. Durante una reunión de Gabinete realizada el lunes 24 de agosto de 2026, el mandatario expresó su crítica hacia lo que considera un uso populista de la palabra "empatía". Según asistentes al encuentro en la Casa Rosada, Milei argumentó que los populistas utilizan este término para justificar políticas paternalistas financiadas con dinero de los contribuyentes, redefiniendo así su significado dentro de su gestión.
Esta postura se alinea con los cuestionamientos que ha enfrentado en las últimas semanas por parte de la oposición y actores económico-sociales respecto a la falta de políticas de descompresión para familias en mora o mejora del salario real. En la semana previa a la reunión de Gabinete, Milei reafirmó públicamente que su administración no impulsará políticas de redistribución. Sin embargo, desde las altas esferas del Gobierno reconocen que las opciones disponibles son limitadas debido a las restricciones presupuestarias, por lo que buscan alternativas como utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para impulsar créditos hipotecarios, con una proyección de no más de 20.000 operaciones.
El ministro de Economía Luis Caputo generó revuelo el miércoles 26 de agosto de 2026 al declarar que "los créditos hipotecarios son una prioridad porque hacen a la justicia social". Esta expresión contrasta con el discurso que Milei pronunció hace dos meses en Madrid, en la Universidad CEU San Pablo, donde parafraseó al economista Thomas Sowell para criticar el concepto: "Si la caridad es a punta de pistola, como la hace el Estado, eso no es caridad, eso es robo disfrazado de altruismo". El Presidente también cuestionó la "justicia social" afirmando que "no es ni más ni menos que envidia más retórica".
Desde el círculo íntimo de Milei explicaron que Caputo "quiso jugar con el concepto" pero que en realidad se refería a otra cosa: que la verdadera justicia social es permitir que "una persona que tiene trabajo pueda acceder a una vivienda y no deba esperar 30 o 40 años para comprarla". Esta interpretación pragmática del Gobierno sugiere que busca alinear incentivos políticos para obtener mayor previsibilidad en los mercados, más allá de las definiciones ideológicas.
En el contexto laboral, se conoció esta semana que la Secretaría de Trabajo estaría conversando para establecer un salario mínimo garantizado de $1.070.000 para agosto de 2026 —equivalente a unos $860.000 de bolsillo—. Esta iniciativa surge en un escenario de deterioro del poder de compra: según el informe de agosto de 2026 de la Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios Laborales, el salario real en el empleo privado registrado cayó 0,9% en junio de 2026, después de una retracción del 2,9% en mayo. Sin embargo, fuentes cercanas al Gobierno aclararon que esta medida no se aplicaría en el corto plazo, ya que los convenios colectivos fijan pisos más altos y la estrategia es que las partes negocien directamente sin intervención estatal.
