El Consejo del Salario Mínimo celebró su reunión virtual el viernes 28 de agosto de 2026, pero terminó sin acuerdo. Las conducciones de la CGT y ambas CTA abandonaron la mesa de discusión técnica, impidiendo que se alcanzara el quórum reglamentario necesario para continuar las negociaciones.
Ante la falta de consenso, el Gobierno nacional deberá definir unilateralmente el nuevo incremento salarial mediante decreto, en coordinación con la Unión Industrial Argentina (UIA). Esta decisión marca un punto de quiebre en el diálogo entre los sectores, tras meses de negociaciones que no lograron acercamiento alguno.
La distancia entre las propuestas fue insalvable. Los sindicatos exigieron elevar el salario mínimo, vital y móvil a $911.000 para julio de 2026 y a $993.000 para diciembre del mismo año. Por su parte, la UIA ofreció apenas incrementos del 1,8% en septiembre y del 1,7% en octubre, llegando a $468.000 recién en abril de 2027. Los dirigentes gremiales rechazaron tajantemente esta propuesta, calificándola de "irrisoria" y señalando que "no alcanza ni para un kilo de pan".
Los representantes sindicales también cuestionaron la modalidad virtual impuesta por la Secretaría de Trabajo para estas negociaciones, argumentando que "vacía de contenido" la negociación colectiva de este nivel. Antes de retirarse, exigieron formalmente la reactivación de las comisiones de Productividad, Empleo y Formación Profesional para analizar la situación laboral actual del país. Advirtieron que las autoridades "no creen en el diálogo como elemento de construcción y de saldar conflictos".
Como respuesta a este quiebre, las centrales obreras anunciaron que presentarán una denuncia formal contra el gobierno argentino ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta acción busca que el organismo internacional designe una comisión técnica de inspección para auditar el incumplimiento del fomento del diálogo social en la Argentina durante 2026.
