La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió de manera provisoria las multas impuestas al Gobierno en relación con la actualización de salarios docentes y no docentes universitarios. Esta decisión, adoptada el 15 de octubre de 2026, llega tras una apelación presentada por las autoridades legales del Ministerio de Capital Humano de la Nación.
El juez Martín Cormick había impuesto el 14 de octubre de 2026 una multa de 100 mil pesos diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplimiento de una medida cautelar que ordenaba actualizar los salarios universitarios y garantizar el fondo para becas conforme a la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, la Cámara ordenó que mientras se sustancia la apelación, quedan suspendidas de manera provisoria estas sanciones económicas.
La cautelar judicial, que continúa vigente, ordena adecuar las remuneraciones del personal docente y no docente de las universidades públicas para reflejar la variación del Índice de Precios al Consumidor entre enero de 2023 y julio de 2025. Este mecanismo supondría un aumento del 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025, más una actualización mensual conforme al índice de inflación y la recomposición de becas estudiantiles.
El Estado Nacional argumentó que los incrementos otorgados desde diciembre de 2023 elevaron la mejora acumulada de salarios universitarios al 226,80%, por encima del 226,40% que, según su interpretación, correspondía para el período entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, incluyendo un aumento del 21,33% dispuesto en junio de 2026. El Gobierno también sostuvo que la resolución judicial afecta el funcionamiento estatal al imponer una carga económica indeterminada.
El Consejo Interuniversitario Nacional había solicitado la aplicación de las multas al sostener que el Estado continuaba sin cumplir la medida cautelar, confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de junio de 2026. La suspensión provisional de las sanciones no invalida la cautelar, que seguirá siendo analizada en el expediente principal donde se discute la validez del decreto 759/2025, que condicionó la puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario.
