La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) envió hoy una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a los senadores de la Nación para exigir que retomen de manera urgente el tratamiento del proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y las apuestas en línea. El organismo eclesiástico advierte que la iniciativa legislativa corre el riesgo de perder estado parlamentario en noviembre de 2026, lo que significaría el archivo definitivo de un texto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
En su misiva, la CEPAS sostiene que el problema de la ludopatía ya no puede considerarse una advertencia a futuro, sino una realidad instalada que produce consecuencias visibles en familias, escuelas, clubes y comunidades. La entidad eclesiástica ha venido pronunciándose sobre las apuestas en línea desde hace más de dos años. En julio de 2024, lanzaron la campaña "Apostar no es un juego" para alertar sobre el crecimiento acelerado de las plataformas de juego virtual y su impacto en niños, adolescentes y jóvenes. En octubre de 2025, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) definió la situación con una frase contundente: "La ludopatía es un atentado contra la vida".
La carta plantea que la discusión legislativa ya no debería centrarse en reconocer la existencia del problema, sino en asumir responsabilidad política e institucional frente a sus consecuencias. La CEPAS advierte que el Estado tiene la obligación de proteger a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad y cuestiona que los intereses económicos del sector del juego sigan avanzando mientras miles de personas padecen adicción. El organismo incluye una referencia a palabras del Papa León XIV sobre "la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles".
Para respaldar su posición, la comisión episcopal cita investigaciones de Unicef Argentina y del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, que documentan el impacto particularmente grave de las apuestas online en menores de edad y en personas en situación de desprotección. Según estos estudios, realizados durante 2024 y 2025, los daños humanos, familiares, sociales y sanitarios de la ludopatía no serán asumidos por quienes se benefician del negocio, sino que recaerán sobre las personas, las familias y la comunidad en general.
La CEPAS fue categórica al señalar que "no hacer nada" también constituye una decisión y que, en este caso, resultaría "profundamente lamentable". En el tramo final de la misiva, pide a los senadores que asuman la responsabilidad que el pueblo argentino les confió, que retomen de inmediato el debate y que construyan los consensos políticos necesarios para sancionar la norma antes de que pierda estado parlamentario en noviembre de 2026. "Frente al sufrimiento de tantos, no actuar no puede ser una opción", concluyó la entidad eclesiástica.
