Organizaciones sociales, sindicatos y agrupaciones piqueteras se movilizan nuevamente este viernes 27 de febrero frente al Congreso Nacional para rechazar la reforma laboral que será debatida en el Senado. La convocatoria llega tras dos protestas previas que generaron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, lo que motivó al Ministerio de Seguridad a anunciar un operativo reforzado en la zona para evitar incidentes.
La concentración principal se realizará en Plaza Congreso desde el mediodía, con participación de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la Confederación General del Trabajo, la Asociación de Trabajadores del Estado, el Polo Obrero, Libres del Sur y el Frente Unidad Sindical, entre otros. Se espera la asistencia de sindicatos como UPCN, Bancaria, Aceiteros y SIPREBA, además de agrupaciones de jubilados y estudiantes. Los organizadores buscan superar la convocatoria de las marchas anteriores, que no alcanzaron la magnitud esperada.
El Gobierno nacional reforzará el vallado del Palacio Legislativo y aplicará nuevamente el protocolo antipiquete utilizado en manifestaciones anteriores, con los mismos recursos desplegados la semana pasada. Este debate parlamentario ocurre tras la media sanción obtenida en Diputados por 135 votos contra 115, después de que el oficialismo retirara el artículo 44 para facilitar el avance del proyecto de reforma laboral.
Los dirigentes sociales denuncian represión y violencia contra los manifestantes. Nicolás Caropresi del MTE señaló que hay detenciones en casi cada movilización, lo que resiente el proceso de protesta. Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, convocó a "copar el Congreso y todas las calles del país", mientras que Silvia Saravia de Libres del Sur criticó duramente el plan del Gobierno, calificándolo de "descarado" y destacó que busca destruir la industria y la soberanía nacional. Los dirigentes también mencionan intimidación, detenciones arbitrarias y retenes policiales como obstáculos para la movilización.
La jornada de protesta coincide con el cierre de las sesiones extraordinarias y la antesala de la apertura del período ordinario del Congreso, prevista para el 1° de marzo. Mientras el oficialismo defiende la reforma laboral como herramienta para reducir la informalidad y fomentar el trabajo registrado, las centrales sindicales denuncian un retroceso en derechos adquiridos. En un contexto de caída del empleo formal y cierre de empresas, el clima político y social se mantiene en alta tensión.
