El Senado logró quórum para debatir la Ley de Propiedad Privada, aunque el oficialismo llega al recinto con un proyecto significativamente modificado. El gobierno se vio obligado a eliminar el capítulo que permitía la venta de tierras rurales a inversores extranjeros, una decisión forzada por el rechazo unánime de los gobernadores y la falta de votos suficientes en la bancada propia.
El articulado que sobrevivió introduce cambios profundos en el Código Civil y Comercial. Entre sus principales objetivos, la norma busca agilizar los desalojos de inmuebles usurpados, establecer nuevos límites para las expropiaciones estatales, flexibilizar la normativa sobre terrenos incendiados y facilitar la entrega de títulos de propiedad para viviendas únicas. Sin embargo, este no es el único retroceso del Ejecutivo: previamente, la bancada libertaria también debió dar marcha atrás con los cambios previstos para la ley de barrios populares ante la resistencia de la Iglesia, que advirtió sobre el riesgo de desalojos masivos.
La oposición sindical es contundente. Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, expresó su rechazo: "No podemos dejar que esta iniciativa avance. La soberanía nacional nunca estuvo tan comprometida como hoy y debemos salir a la calle a defenderla. Pretenden regalar la Argentina al mejor postor. Quieren vender provincias enteras". Aguiar también cuestionó los beneficios prometidos: "No es verdad que con esta iniciativa se puedan atraer inversiones o favorecer a los productores agropecuarios. Si se aprueba una norma de esta característica, el único resultado será tierra arrasada y miseria".
Las movilizaciones hacia el Congreso de la Nación continúan en aumento. Distintas seccionales y agrupaciones de SUTEBA, junto a organizaciones sindicales, estatales, de jubilados y movimientos sociales como el Sindicato de Camioneros y CTA, se movilizan en rechazo al proyecto de ley de extranjerización de tierras y de inviolabilidad de la propiedad privada. El debate legislativo se desarrolla en un contexto de fuerte tensión política y social, con múltiples sectores expresando sus preocupaciones sobre las implicancias del proyecto.
