Los abogados de la CGT trabajan a contrarreloj para presentar la impugnación judicial de la reforma laboral. Este fin de semana, la central obrera debe tomar una decisión estratégica crucial: presentar el recurso ante la justicia laboral o ante el fuero contencioso administrativo. Esta elección determinará en gran medida las posibilidades de éxito de su batalla legal contra los cambios en la legislación del trabajo.
El antecedente más relevante es el amparo presentado en 2023 contra el DNU 70, que fue resuelto favorablemente por la jueza Liliana Rodríguez Fernández. Sin embargo, los asesores de la CGT advierten que esta reforma es diferente: se trata de una ley sancionada por el Congreso, no de un decreto de urgencia. Esto significa que no pueden argumentar la falta de urgencia que funcionó en el caso anterior. Deben demostrar que artículos específicos de la reforma violan la Constitución Nacional, aunque hayan sido convertidos en ley parlamentaria.
Para elaborar el escrito, la CGT contó con la colaboración de destacados expertos constitucionalistas como Alberto García Lema y Ricardo Gil Lavedra. Mientras tanto, los abogados del Estado ya estudian estrategias para neutralizar la impugnación en los tribunales. Los dirigentes cegetistas tienen dudas sobre presentar ante la justicia laboral, donde sospechan que hay malestar interno por el traslado del fuero nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Temen también que el mayor poder político y parlamentario del gobierno actual influya en las decisiones judiciales.
Entre los artículos cuestionados destaca la regulación del derecho de huelga en servicios esenciales como transporte, educación y salud. La reforma obliga a garantizar un servicio mínimo del 75% en servicios esenciales y 50% en servicios trascendentales. Incluso especialistas no vinculados al sindicalismo, como el ex ministro Jorge Triaca, critican la redacción de este artículo por considerarla difusa y potencialmente generadora de futuras judicializaciones.
La CGT ha descartado realizar un paro o movilización este viernes y optó por una estrategia más cautelosa. Anunció una marcha el lunes a Tribunales con dirigentes y delegados para acompañar la presentación de la impugnación. Esta decisión refleja su intención de mantener canales abiertos con el gobierno para influir en la reglamentación futura de la reforma. Los líderes sindicales saben que se juegan todo en esta batalla judicial y que la decisión sobre qué fuero elegir será determinante para el futuro de la legislación laboral argentina.
