El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires clausuró dos corralones de materiales ubicados en la calle Trelles al 2600, en el asentamiento "La Carbonilla" del barrio de La Paternal, según informó el 14 de agosto de 2026. La medida tiene como objetivo frenar el avance de construcciones irregulares y mitigar los riesgos estructurales que afectan a los residentes de la zona.
El operativo se concretó con la participación de más de 100 efectivos de la Policía de la Ciudad, junto a inspectores de la Agencia Gubernamental de Control, personal del Instituto de Vivienda (IVC), equipos de Desarrollo Humano, Fiscalización, Higiene Urbana y representantes de la Comuna 15. Esta intervención conjunta responde a un relevamiento oficial que detectó un peligroso crecimiento vertical sobre edificaciones preexistentes, con alturas que varían desde los 3 metros hasta los 20 metros.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la importancia de la acción: "En La Carbonilla no se construye un metro cuadrado más. Clausuramos dos corralones que abastecían construcciones ilegales. No vamos a permitir edificaciones que ponen en riesgo la vida de los vecinos y que rompen las normas urbanísticas. En la Ciudad, el respeto a la ley rige para todos". Las clausuras se enmarcan en una resolución del IVC que encargó a la Secretaría de Hábitat e Integración Social la creación del "Protocolo para el Ingreso, Registro, Control y Autorización de Materiales de Construcción".
Esta acción replica las tareas de ordenamiento urbano ejecutadas previamente en la Villa 31 de Retiro, donde se cerraron seis corralones clandestinos nocturnos, se retiraron 40 camiones con chatarra, se clausuraron 25 edificaciones antirreglamentarias y se demolieron otras diez, según datos registrados hasta la fecha actual.
Todas estas medidas forman parte de una política integral orientada a recuperar el espacio público y reforzar la seguridad en la Ciudad, sumándose a los operativos de saturación barrial, el desalojo de la venta ilegal callejera y la recuperación de más de 900 inmuebles usurpados. El Gobierno busca así consolidar un modelo de ciudad ordenada que respete las normas urbanísticas y garantice la seguridad de todos los vecinos.
