La Inspección General de Justicia (IGJ) salió al cruce de las críticas de Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien cuestionó el pedido para designar veedores en la entidad. El titular de la IGJ, Daniel Vítolo, fue categórico: la AFA continúa bajo jurisdicción del organismo nacional porque no se completaron las formalidades legales para trasladar la sede a la provincia de Buenos Aires. Vítolo calificó el comunicado de la AFA como "patético" y aclaró que Tapia está "muy mal informado" sobre los argumentos que esgrime.
El conflicto escaló cuando la IGJ requirió la designación de veedores para revisar documentación contable, financiera y contractual de la AFA. Desde la conducción de Tapia rechazaron el planteo argumentando que la asociación civil trasladó su sede a Pilar y quedó bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense. Sin embargo, Vítolo refutó este argumento: según las propias normas provinciales, para que el cambio de jurisdicción sea efectivo debe acreditarse la "cancelación" de la inscripción anterior en la IGJ, algo que la AFA no ha hecho. Por ello, la entidad sigue siendo competencia del organismo nacional.
Vítolo también respondió a las acusaciones de "operación política" que realizó Tapia. El titular de la IGJ señaló que es "curioso" que la AFA acuse al Gobierno de politizar la institución cuando fue la propia AFA quien intentó hacerlo en 2023 al proponer una reforma estatutaria que incorporaría al presidente de la República, gobernadores y senadores al Consejo Directivo. Esa reforma fue rechazada por la IGJ y la AFA debió dar marcha atrás. Además, Vítolo aclaró que la veeduría solicitada no es una intervención ni implica el desplazamiento de autoridades, sino simplemente la revisión de documentación.
El funcionario justificó la medida citando "graves irregularidades" cometidas por la AFA. Mencionó que la entidad no explicó observaciones formuladas a sus estados contables por más de ocho años sobre cifras cercanas a 111 millones de dólares, se negó a entregar el balance de 2025 y no proporcionó documentación sobre la creación de una universidad no autorizada. Además, Vítolo cuestionó fuertemente el traslado de sede a Pilar, afirmando que ha sido probado suficientemente que es falso mediante constancias de ARCA, inspecciones de la IGJ y reportes periodísticos que visitaron el lugar.
Vítolo también ironizó sobre la numeración del domicilio denunciado como sede en Pilar. Señaló que la dirección que la AFA registró es un número par, pero el terreno donde se ubica el cartel está en la vereda de números impares. Cuestionó si el gobernador Kicillof dictará un decreto para permitir esta "curiosidad" o si la AFA recibirá una excepción especial. El titular de la IGJ concluyó diciendo que la apelación de Tapia "al pueblo de la nación" es "tan absurda y patética que me exime de todo comentario".
La disputa ahora avanza hacia una definición administrativa que podría derivar en un planteo judicial si la AFA persiste en desconocer la competencia de la IGJ. Desde el organismo nacional insisten en que la entidad continúa bajo su órbita y que la veeduría es una herramienta legal de fiscalización legítima. Por su parte, la conducción de Tapia sostiene que el cambio de jurisdicción es válido y que el pedido responde a motivaciones políticas. La controversia suma un nuevo capítulo en la relación entre la regulación estatal y la conducción del fútbol argentino.
