La pyme FADEMI, fabricante de baterías para vehículos ubicada en Larroque, Entre Ríos, logró una victoria judicial el 17 de julio de 2026 cuando el juez Julio Armando Grisolía revocó una orden anterior que le exigía reincorporar a 35 trabajadores despedidos durante un conflicto laboral que se extendió desde junio de 2024. Con esta resolución, las cesantías quedaron en firme, cerrando un capítulo de una de las disputas laborales más tensas registradas en la región.
El conflicto comenzó en junio de 2024 cuando el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana inició protestas reclamando aumentos salariales que la empresa consideraba imposibles de afrontar. Entre abril de 2023 y abril de 2024, los empleados ya habían recibido una mejora del 400%, superando significativamente la inflación acumulada del 290% en ese período. Los salarios netos iniciales del sector alcanzaban $1,5 millones mensuales, mientras que el promedio de bolsillo que pagaba FADEMI era de $2 millones, según informó Emiliano Gietz, apoderado de la empresa.
Las medidas de presión escalaron progresivamente: comenzaron con asambleas y retiros temporales del trabajo, continuaron con la reducción de la producción a apenas el 10% de la capacidad normal (de 1.200 a 100 unidades diarias), y culminaron con un bloqueo total de la planta a partir del 5 de julio de 2024. Esta última acción dejó la producción en cero, canceló entregas a clientes y generó una crisis de flujo de fondos que puso en riesgo la viabilidad de la empresa familiar.
Más allá de las consecuencias económicas, el conflicto derivó en actos de violencia e intimidación. En enero de 2025, la dueña de FADEMI recibió un paquete con dos balas acompañado de la leyenda "Familia FADEMI". Simultáneamente, circuló entre empleados un sticker de redes sociales mostrando a un dirigente sindical con imágenes de dos dueños de la empresa aparentemente degollados. Las investigaciones identificaron rápidamente a los autores del envío amenazante: dos empleados de la pyme que fueron detenidos en una carpa del sindicato. Mauricio Javier Taffarel y Cristhian Aurelio Taffarel pasaron dos meses en prisión, quedaron libres con medidas cautelares y enfrentan cargos por coacciones agravadas, con la primera audiencia del juicio oral programada para octubre de 2026.
El fallo de julio de 2026 representa un reconocimiento judicial de que FADEMI actuó dentro de su derecho al despedir a los trabajadores que participaron del bloqueo. La empresa había argumentado que las medidas sindicales causaron pérdidas de aproximadamente 30 mil baterías sin fabricar, pusieron en riesgo productos químicos de alto peligro y generaron cancelaciones masivas de pedidos de clientes. Con esta sentencia, la justicia laboral valida la posición empresarial en uno de los conflictos más violentos registrados en la región entrerriana.
