La tensa relación entre el Gobierno de Javier Milei y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) liderada por Claudio "Chiqui" Tapia ha escalado a niveles insospechados. Después del encuentro de Milei con Gianni Infantino en Davos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una denuncia penal contra la AFA por facturación apócrifa, involucrando un monto de $376 millones.
En el centro de la controversia se encuentra Alejandro Fabián Díaz, titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), quien previamente fue presidente de la Comisión Fiscalizadora de la AFA. Díaz pidió licencia en julio de 2025, justo cuando Milei lo nombró como nuevo síndico en el Poder Ejecutivo, generando sospechas sobre su rol en la investigación.
La Inspección General de Justicia (IGJ) está investigando los balances contables de la AFA correspondientes a los ejercicios entre 2017 y 2024, precisamente durante el período en que Díaz estaba al frente de la Comisión Fiscalizadora. Como respuesta, Tapia denunció al titular de la IGJ, Daniel Vítolo, por abuso de autoridad.
Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, fue quien patrocinó el nombramiento de Díaz en la Sigen. Curiosamente, el entorno de los Milei tiene varios nexos con Tapia, incluyendo contratos de empresas como Gentech Argentina SA y conexiones políticas con figuras como Diego Santilli.
El Gobierno actual mantiene una estrategia cautelosa, evitando una confrontación directa. Consideran que el escándalo desgastará a Tapia naturalmente y prefieren dejar que la Justicia actúe. Mientras tanto, la sociedad muestra descontento con los manejos de la dirigencia del fútbol argentino, pero desconfía de la clase política para resolver el problema.
