La Corte Suprema revocó el 29 de septiembre de 2026 la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley 26.737, dejando vigente el DNU 70/2023 que permite la venta sin restricciones de tierras rurales a extranjeros. Esta decisión provocó fuertes reacciones de dirigentes de Unión por la Patria, el Partido Socialista y el Frente de Izquierda, quienes reclamaron el rechazo del decreto en la Cámara de Diputados y convocaron a nuevas movilizaciones.
El tribunal hizo lugar al recurso extraordinario del Estado y rechazó la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata argumentando que la asociación no acreditó legitimación para llevar adelante la acción colectiva. El gobernador bonaerense Axel Kicillof calificó la decisión como "el fallo de la infamia" y aseguró que "la Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular". Kicillof señaló que el Gobierno retiró su proyecto en el Senado porque no reunió los votos necesarios, y criticó que "lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial".
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo en una entrevista con Infobea que a partir de esta resolución "Argentina no cuenta con una ley que proteja las tierras rurales frente a la extranjerización". Calificó la sentencia como "dogmática" y "arbitraria", y cuestionó que la Corte negara legitimación al CECIM de La Plata: "¿Quién más va a estar con legitimación procesal que un centro de excombatientes de Malvinas, que tiene dentro de su objeto social la defensa de la integridad territorial?".
El senador Mariano Recalde afirmó que "la Corte Suprema falló en contra de la Ley de Tierras que el pueblo defendió en las calles" y convocó a nuevas movilizaciones: "Si no alcanzó con una enorme movilización, vamos a tener que hacer dos". El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, expresó que "hoy, gracias a la Corte de Milei, la tierra de las y los argentinos puede ser vendida sin límite a los extranjeros" y fijó como objetivos "pueblo en las calles y rechazo pleno del DNU 70".
Desde diferentes espacios políticos se reclama que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70/2023. El diputado socialista Esteban Paulón sostuvo que "la responsabilidad está en el Congreso" y pidió convocar "urgente una sesión especial". La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman reclamó "anular el decreto 70/23" y señaló que se necesitan solo 10 firmas para llamar a sesión especial. Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria cuestionó que "después de semanas de debate y movilizaciones, tres jueces decidan por todo un país" y afirmó que "los legisladores tenemos la responsabilidad de representar al pueblo".
