La Unión Cívica Radical (UCR) presentará un pedido de acceso a información pública para esclarecer las declaraciones del presidente Javier Milei respecto a supuestos terroristas deportados durante sus controles migratorios. La diputada nacional Karina Banfi manifestó en Infobea Al Mediodía (29 de septiembre de 2026) su intención de determinar si las cifras mencionadas corresponden a expulsiones, rechazos de ingreso o antecedentes penales, cuestionando la falta de precisión en las declaraciones presidenciales.
Banfi señaló que, según aclaraciones del vocero presidencial, las personas no fueron expulsadas del país sino que recibieron rechazos de visas o autorizaciones de ingreso. La diputada enfatizó que una expulsión requiere un procedimiento diferente al rechazo de entrada: "Cuando vos hablás de terroristas tienen que haber cometido un delito en el país para poder ser expulsados". Destacó que existe "todo un procedimiento para que eso suceda", distinguiendo claramente entre ambas medidas migratorias. Banfi también cuestionó la inconsistencia en las cifras mencionadas durante la conversación, que incluyeron referencias a 20 mil y 30 mil casos en distintos momentos.
La legisladora utilizará la Ley de Acceso a la Información Pública para conocer con exactitud qué cifras corresponden a rechazos de ingreso por antecedentes penales y si existió información oficial sobre amenazas contra Argentina (datos al 29 de septiembre de 2026). Banfi enfatizó que la Ley de Migraciones permite impedir el ingreso de personas con antecedentes criminales, pero aclaró que esta facultad no equivale a expulsar del país a personas acusadas de terrorismo. "Lo más importante es la evidencia", subrayó al criticar la forma en que Milei presentó el asunto, señalando que "el presidente dice cualquier cosa permanentemente" y que luego los funcionarios realizan "malabares" para explicar esas declaraciones.
Más allá de la cuestión migratoria, Banfi abordó otros temas legislativos en agenda para votación el 14 de octubre de 2026, incluyendo una ley de discapacidad que buscaría reemplazar la prórroga de emergencia por una norma permanente vigente después de diciembre de 2027. La diputada destacó que la iniciativa cuenta con respaldo de bloques dialoguistas y La Libertad Avanza, aunque el peronismo no acompañó el dictamen. El proyecto incorporaría un cronograma de pago para prestadores que asisten a personas con discapacidad, sector que fue afectado por la inflación registrada durante el gobierno anterior.
La legisladora también abordó debates sobre endeudamiento familiar y morosidad, cuestionando los riesgos de intervenir en relaciones contractuales entre privados. Advirtió que la regulación de tasas o topes puede afectar la oferta de crédito, recordando el caso de la ley de alquileres anterior que "alteró la oferta de viviendas y perjudicó a quienes necesitaban alquilar". Banfi reconoció que votó aquella norma y luego impulsó su derogación, calificándola como "un error". Finalmente, enfatizó que los gobiernos deben ordenar las cuentas sin excluir a sectores vulnerables, argumentando que "cuando vos dejás estos sectores afuera, yo creo que el costo después que pagamos todos los argentinos es más caro".
