En el plenario de comisiones realizado el 28 de septiembre, se dictaminaron varios proyectos sobre endeudamiento familiar y altos niveles de mora. El oficialismo y sus aliados obtuvieron el dictamen de mayoría, asegurando que su proyecto será debatido primero en una eventual sesión. Mientras tanto, la oposición avanzó con dos dictámenes separados, demostrando la fragmentación en el tratamiento de esta problemática que afecta a millones de argentinos.
La propuesta del oficialismo, alineada con la postura de la Casa Rosada que caracteriza el endeudamiento como un "tema entre privados", se enfoca en elevar la educación financiera, aumentar la información para consumidores sobre tasas y costos, y prevenir el sobreendeudamiento. Rechaza explícitamente topes de tasas, descuentos de capital o intervención estatal. El dictamen también incorpora requisitos para créditos digitales: doble validación de identidad, prohibición de consentimiento por silencio y entrega inmediata de condiciones contractuales.
La oposición presentó dos alternativas. Unión por la Patria, sectores de Provincias Unidas y Coalición Cívica proponen declarar emergencia por 180 días con refinanciamiento a tasa TAMAR más 25% para deudas de hasta dos canastas básicas, pagables en 12 cuotas sin superar el 30% de ingresos. Por su lado, Argentina Federal plantea emergencia por un año con tope de intereses en 1,5 veces la tasa de plazo fijo a 30 días del Banco Central, además de un Programa Nacional de Desendeudamiento con tasa fija de 35% a 24 meses mínimo.
"No debemos sacar parches que rompan el sistema financiero", argumentó Silvana Giudici del oficialismo, señalando que la mora mejoró en agosto respecto a julio. Rechazó los topes de tasas comparándolos con la "ley de alquileres". Por el contrario, Pablo Juliano (Provincias Unidas) contrapuso: "No podés mandar a la gente a educación financiera cuando le llega el agua al cuello. Seis millones de argentinos sufren este problema" y destacó que su propuesta no tiene costo fiscal.
Según confirmó la oposición, existe desacuerdo sobre cuándo convocar a sesión. Algunos sectores impulsan para el miércoles 7 de octubre, mientras otros prefieren esperar hasta el 14 para sumar más apoyo. El temor es al costo político de una derrota legislativa después de meses impulsando el tema.
