El debate sobre la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados avanzará con la celebración de dos audiencias públicas programadas para el 25 y 26 de marzo. Tras intensas negociaciones entre el oficialismo y los bloques opositores, se llegó a un consenso que garantiza que el tratamiento de la norma no se concretará antes de mediados de abril, asegurando un proceso participativo más amplio.
El oficialismo inicialmente propuso una única audiencia pública para cumplir con los requisitos constitucionales, pero la oposición presentó contrapropuestas exigiendo un enfoque federal que incluyera a las provincias involucradas en la gestión de cuencas hídricas. Legisladores de distintos sectores consideran imprescindible adoptar un mecanismo que garantice la participación federal, en cumplimiento de la ley general de ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional. El diputado oficialista Nicolás Mayoraz confirmó que "desdoblaremos y haremos dos jornadas: una el 25 y otra el 26, una presencial y la otra por zoom".
El mecanismo diseñado favorece la "amplia participación" permitiendo presentaciones por escrito con cinco minutos de exposición por persona. Para participar, se habilitó el correo electrónico de la comisión de recursos naturales. El encuentro requerirá la presencia de al menos cuatro diputados por cada comisión, elevando el estándar de legitimidad institucional. Diputados como Maximiliano Ferraro (CC) y Sabrina Selva (UP) enfatizaron la necesidad de federalizar el proceso, considerando la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas afectadas.
Durante las deliberaciones, la participación de actores sociales fue central en el debate. Juan Grabois exigió asegurar el acceso de comunidades indígenas registradas en las cuencas afectadas, mientras que María Zigarán cuestionó si el objetivo era "garantizar la participación pública o enmascarar con una ritualidad la participación". La diputada Beatriz Estévez también reclamó la presencia de representantes del Poder Ejecutivo para explicar el proyecto.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales acordaron que las audiencias públicas del 25 y 26 de marzo permitirán la participación de provincias, sectores productivos y comunidades indígenas directamente vinculadas a los glaciares. Este cronograma ampliado asegura un debate más inclusivo y federal, retrasando significativamente el tratamiento legislativo de la norma.
