La oposición convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el martes 23 de junio con el objetivo de presentar cinco pedidos de interpelación contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Estos pedidos pueden derivar en un voto de censura, mecanismo que permite al Congreso remover al funcionario con mayoría absoluta de ambas Cámaras si se considera que ha incurrido en actos o conductas que comprometan su responsabilidad política.
El detonante de esta nueva iniciativa fue la presentación de la declaración jurada de Adorni, que reveló inconsistencias significativas en su patrimonio. El diputado radical Pablo Juliano fue quien presentó el último pedido de moción de censura, destacando que "el Jefe de Gabinete tiene la obligación legal de declarar su patrimonio con exactitud" y criticando la relativización pública de esta obligación. Entre los activos que Adorni incorporó tardíamente figuran USD 300.000 originados en inversiones con Bitcoin entre 2013 y 2018.
Las irregularidades han generado grietas incluso en sectores aliados al oficialismo. Diputados del oficialismo reconocieron privadamente que "Adorni nos mintió en la cara", y algunos espacios evalúan tomar distancia del funcionario. La senadora oficialista Patricia Bullrich fue la primera en emitir críticas públicas contundentes, señal que ha resonado en legisladores de provincias como Córdoba, donde el gobernador Martín Llaryora atraviesa tensiones con la Casa Rosada.
Adorni se defendió argumentando que "cumplí con mis obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública" y que nunca existió ocultación alguna de sus bienes. Sin embargo, el hecho de haber incorporado activos en su declaración jurada que previamente no había reportado debilita esta posición ante la opinión pública y legisladores.
A pesar de las críticas, la moción de censura no representa un peligro inmediato para Adorni ya que los proyectos carecen de dictamen de comisión. La oposición deberá aprobar primero con mayoría simple un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones y Reglamento, ambas controladas por La Libertad Avanza. Sin este respaldo, la oposición no puede obligar a las comisiones a tratar los pedidos. El gobierno mantiene una mayoría firme en la Cámara, aunque las tensiones con aliados provinciales podrían inclinar la balanza en futuras votaciones.
