La reforma laboral enfrenta un riesgo inminente de judicialización tras su media sanción parlamentaria. Expertos advierten que tanto trabajadores individuales como la CGT podrían presentar demandas cuestionando aspectos de la nueva ley. El principal problema radica en los vacíos legales que dejó el trámite legislativo, particularmente respecto a cómo y cuándo aplicará la reforma a los contratos ya vigentes.
Uno de los dilemas más sensibles es la falta de claridad sobre la vigencia temporal de la ley. Aunque el secretario de Trabajo, Julio Cordero, afirmó en comisión que "esta ley claramente va a aplicar para los nuevos trabajos" y que "los trabajos anteriores tienen los derechos consagrados en su legislación", estas precisiones nunca fueron incorporadas explícitamente al texto legal. El senador Mariano Recalde advirtió el riesgo: "no está expresamente consignado en la ley, lo que puede motivar presentaciones judiciales". La oposición propuso agregar un artículo aclaratorio, pero el oficialismo rechazó las modificaciones en el recinto.
La CGT prepara un cuestionamiento integral de la reforma bajo el argumento de inconstitucionalidad, basándose en el principio de "no regresividad de derechos laborales". Según los especialistas, la reforma no puede reducir el nivel de protección que ya tienen los trabajadores. Además, el artículo 89 ordena a los jueces laborales adecuarse a los fallos de la Corte Suprema, buscando alinear la jurisprudencia de los tribunales laborales con la doctrina del máximo tribunal.
Se abren múltiples escenarios de litigiosidad: juicios laborales abiertos con sentencia firme, procesos sin sentencia firme, y relaciones que iniciaron antes pero terminan ahora bajo la nueva ley. Las incertidumbres se multiplican en aspectos específicos como indemnizaciones, banco de horas y horas extra. Los primeros conflictos llegarán cuando un empleador aplique la nueva ley y un trabajador se considere perjudicado en sus derechos.
La reglamentación presidencial podría ser clave para zanjar algunas controversias, estableciendo de manera explícita cómo se aplicará la ley a los contratos vigentes. Sin embargo, la rigidez del trámite parlamentario y la falta de consenso entre oficialismo y oposición dejaron sin resolver cuestiones fundamentales que ahora quedarán en manos de la justicia laboral y, eventualmente, de la Corte Suprema.
