Legisladores de La Libertad Avanza y del PRO presentaron en la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto de ley que establece aranceles para prestaciones sanitarias en hospitales públicos y estudios de grado en universidades estatales. La medida se aplicaría a personas extranjeras sin residencia permanente en Argentina, utilizando las categorías migratorias de la Ley Nacional 25.871.
El proyecto argumenta que los recursos provinciales son limitados y deben priorizarse para los bonaerenses. Según sus fundamentos, "la salud pública y la educación universitaria se sostienen con el esfuerzo de los contribuyentes" y resulta injusto que personas en situación transitoria accedan gratuitamente a estos servicios. Los promotores sostienen que "la gratuidad indiscriminada termina perjudicando principalmente a quienes dependen todos los días del hospital público y de la universidad estatal". El diputado Agustín Romo, uno de los firmantes, anunció la iniciativa en redes sociales días después de la derrota de Argentina ante España en el Mundial 2026.
En materia de salud, los extranjeros sin residencia permanente deberán solventar sus prestaciones mediante pago directo, seguro privado o cobertura de terceros. Las prestaciones programadas requerirán acreditación previa de cobertura. El cobro se canalizaría a través del Sistema de Atención Médica Organizada (S.A.M.O.), y los fondos recaudados se destinarían a insumos, equipamiento, medicamentos e infraestructura hospitalaria. Sin embargo, los casos de urgencia o emergencia con riesgo de vida no podrán ser rechazados, demorando el cobro hasta después de la estabilización del paciente. Quedan eximidas las víctimas de trata de personas y las acciones de prevención, vacunación y control de enfermedades transmisibles.
Para educación superior, las universidades provinciales de gestión estatal fijarían aranceles para estudiantes extranjeros sin residencia permanente. Cada institución determinaría montos, modalidades de pago y mecanismos de actualización dentro del marco legal. El proyecto sostiene que "la Provincia no puede continuar financiando sin límites la formación de personas que no han asumido un compromiso permanente con el país", mientras existen estudiantes bonaerenses que requieren mejores infraestructuras y becas.
La iniciativa incluye una cláusula de transparencia que obliga al Ministerio de Salud y a las universidades a publicar anualmente cantidad de prestaciones, montos facturados y percibidos, exenciones otorgadas y destino de recursos. Si se aprueba, el Poder Ejecutivo contaría con 90 días corridos para reglamentarla. El proyecto cuenta con las firmas de diecinueve legisladores, incluyendo a Romo, Sotelo, Osaba, Rabinovich, Adorni, Pomponio y Gay, entre otros.
