La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) alcanzó un acuerdo salarial que se ajusta a los lineamientos económicos del Gobierno. El incremento contempla un 7,7% acumulativo para el trimestre marzo-mayo de 2026, más la actualización de bonos no remunerativos que se distribuirán mensualmente durante la vigencia del pacto. El líder sindical Gerardo Martínez firmó el acuerdo con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), reafirmando la tendencia de negociaciones salariales por debajo de la inflación.
Un aspecto destacado del acuerdo es que el bono de mayo será absorbido por los salarios de ese mes, lo que significa que un tercio del importe pasará a ser remunerativo según la categoría de cada trabajador. Asimismo, se creó una comisión especial encargada de revisar los aportes empresariales y cuotas solidarias sindicales, con una vigencia de dos meses. El acuerdo regirá hasta el 31 de mayo próximo, y ambas partes se comprometieron a reunirse el 20 de abril para definir mejoras salariales desde junio.
Este acuerdo se suma a una serie de negociaciones recientes en diferentes sectores. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) cerró un acuerdo para abril-junio de 2026 con aumentos escalonados del 2%, 1,5% y 1,5% más un bono extraordinario de $120.000. El Sindicato de Camioneros de Hugo Moyano negoció un incremento acumulado del 10,1% entre marzo y agosto, dividido en aumentos mensuales, una suma no remunerativa de $53.000 en marzo y un premio mensual de $60.000 por presentismo.
Algunos sectores lograron superar la pauta oficial del Gobierno. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) de Sergio Escalante obtuvo un aumento del 9,67% desde abril más un pago único no remunerativo de hasta $150.000, aunque esto encendió señales de alerta sobre una posible no homologación. El sector sanitario, con la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) de Héctor Daer, consiguió un incremento del 5,1% para febrero-abril más sumas no remunerativas escalonadas de $80.000, $85.000 y $90.000.
La respuesta sindical frente a la política salarial gubernamental es heterogénea. Algunos gremios aceptan renegociaciones para adaptarse a los límites y asegurar la homologación oficial, mientras que otros, con menor margen de maniobra, insisten en superar la pauta oficial y presionan a las empresas para que abonen las mejoras aunque no sean formalmente validadas. Esta situación genera incertidumbre en sectores con alta presencia de pequeñas y medianas empresas.
