Durante la cumbre de AmCham, un grupo de gobernadores afines al gobierno nacional expresó su respaldo al plan económico de Milei, aunque plantearon demandas concretas para mejorar la competitividad provincial. Los mandatarios de Entre Ríos, Mendoza y Río Negro coincidieron en la necesidad de un nuevo pacto fiscal federal que incluya una significativa reducción de impuestos y una redistribución más equitativa de los fondos coparticipables.
Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, fue quien lideró el reclamo al plantear la urgencia de coordinar esfuerzos entre todas las provincias para reducir conjuntamente los gravámenes locales. Frigerio enfatizó que es "imperativo un nuevo acuerdo fiscal federal" similar al de 2017 y exigió que la Nación elimine el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones, mientras que las provincias hagan lo propio con ingresos brutos y los municipios con tasas distorsivas. Esta posición fue ratificada por Alfredo Cornejo (Mendoza), quien agregó que es necesario modificar el sistema de coparticipación, aunque reconoció que sin estabilidad macroeconómica es imposible atraer inversiones.
Por su parte, Alberto Weretilneck (Río Negro) presentó una perspectiva diferente al expresar escepticismo sobre la posibilidad de un acuerdo fiscal integral. Weretilneck propuso que cada provincia busque su propio camino hacia la competitividad mediante acuerdos regionales o políticas fiscales independientes ajustadas a su realidad económica. Sin embargo, coincidió con sus colegas en la importancia de la estabilidad macroeconómica y en celebrar las iniciativas del gobierno federal para devolver potestades a las provincias.
Los gobernadores destacaron los avances legislativos logrados, como la modernización laboral y la reforma tributaria parcial, pero insistieron en que se requiere una reforma fiscal más profunda e integral. Cornejo enfatizó la necesidad de simplificar impuestos, eliminar los distorsivos y reformular la distribución de recaudación con una nueva ley de coparticipación que incentive al sector privado, además de invertir en infraestructura como condición para el crecimiento económico.
Weretilneck cerró el debate subrayando que, una vez consolidada la estabilidad fiscal, legal y económica, es fundamental que los tres niveles de gobierno y el sector privado trabajen conjuntamente en infraestructura. También expresó su apoyo a la agenda legislativa del gobierno federal orientada a devolverle potestades a las provincias, como en los casos de la ley de Glaciares y la ley de Bosques, considerando que este camino atraerá mayores inversiones que la agenda regulatoria anterior.
