La senadora bonaerense Malena Galmarini presentó un ambicioso proyecto de ley destinado a prohibir los celulares en las unidades penitenciarias de Buenos Aires e instalar inhibidores de señal. La iniciativa busca erradicar las prácticas delictivas que se ejecutan desde las cárceles, transformadas en verdaderos "call centers del delito" donde se coordinan estafas y extorsiones telefónicas que victimzan a miles de personas.
El proyecto contempla la instalación obligatoria de inhibidores de señal en un plazo máximo de 180 días en todas las cárceles de la provincia, complementado con controles tecnológicos y requisas permanentes para evitar el ingreso de dispositivos móviles. La propuesta también prohíbe explícitamente que las personas privadas de libertad posean teléfonos celulares o dispositivos tecnológicos, permitiendo solo comunicaciones autorizadas con familiares y abogados bajo supervisión estatal.
"El que está preso tiene que cumplir la condena que le impuso la Justicia, no seguir delinquiendo desde una celda", argumentó Galmarini. La legisladora enfatizó que detrás de cada estafa o extorsión hay víctimas que sufren angustia, miedo y pérdidas económicas, frecuentemente bajo amenazas que simulan secuestros o violencia contra sus familias. Desde su equipo sostienen que "el Estado tiene que estar del lado de las víctimas".
Esta iniciativa no es aislada. El diputado Oscar Liberman de La Libertad Avanza presentó recientemente la "Ley Rodrigo", elaborada con la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el juez Carlos Pagliere. Ambos proyectos responden a la urgencia de frenar delitos organizados desde las prisiones, especialmente tras casos emblemáticos como el del soldado Rodrigo Andrés Gómez, quien se quitó la vida tras ser víctima de una sofisticada estafa coordinada por presos del penal de Magdalena.
Los casos de estafas virtuales originadas en cárceles se multiplican en todo el país, encendiendo las alarmas del Ministerio de Seguridad Nacional. Legisladores nacionales y provinciales reconocen la urgencia de avanzar en modificaciones normativas que permitan usar la tecnología disponible para proteger a la sociedad y recuperar el control real de las instituciones penitenciarias.
