La Argentina enfrenta un dilema sanitario y económico sin precedentes. Según datos actuales de septiembre de 2026, el país aún tiene pendiente recibir aproximadamente 8 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer, comprometidas en contratos firmados durante la pandemia. El problema radica en que el escenario epidemiológico cambió drásticamente: cinco años después de la emergencia sanitaria, el interés por los refuerzos se desplomó y la demanda actual de vacunas es mínima comparada con la de 2021 y 2022.
Los números reflejan esta transformación. Según el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (Nomivac), desde octubre de 2025 hasta hoy se aplicaron apenas 271.311 dosis de Pfizer en todo el país. Cuando en octubre de 2025 ingresaron 1 millón de dosis, las aplicaciones representaron menos de un tercio de esa cantidad, evidenciando la caída dramática en el ritmo de vacunación. Este contraste plantea un interrogante crucial: ¿cómo resolver una compra diseñada para una realidad sanitaria que ya no existe?
Los acuerdos con Pfizer fueron suscritos durante la administración de Alberto Fernández. El primer contrato, firmado el 16 de agosto de 2021, contempló 20.080.710 dosis a US$12 cada una, completadas en febrero de 2022. Un segundo acuerdo, formalizado a principios de 2022, incluyó 18,5 millones de dosis adicionales, entre ellas 5 millones pediátricas. Actualmente, quedan por recibir cerca de 8 millones de dosis por un valor aproximado de US$100 millones, con plazo de entrega previsto para noviembre de 2027.
Ante esta situación, circularon versiones sobre posibles modificaciones del contrato, incluyendo la posibilidad de reemplazar parte de las vacunas por otros medicamentos de Pfizer. Sin embargo, tanto la farmacéutica como el Ministerio de Salud de la Nación descartaron estas opciones en declaraciones a LA NACION. Pfizer afirmó que "su acuerdo vigente con el Gobierno de la Argentina para el suministro de vacunas contra la COVID-19 continúa en vigor y sin modificaciones", mientras que Salud fue categórico: "No hay cambios en el contrato ni tratativas".
Aunque el SARS-CoV-2 continúa circulando y la vacunación sigue siendo relevante para adultos mayores y personas con enfermedades de base, el desafío actual es evitar que ingrese una cantidad muy superior a la que efectivamente pueda utilizarse. Los acuerdos incluyen cláusulas de confidencialidad que limitan el acceso público a sus términos específicos y a posibles negociaciones. Por ahora, la Argentina permanece atada a un compromiso de US$100 millones en un contexto epidemiológico completamente diferente al que motivó su firma.
