El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha dado un paso importante en su estrategia legal al contratar al reconocido abogado penalista Matías Ledesma. Esta decisión busca estructurar una defensa sólida frente a dos causas judiciales que avanzan en Comodoro Py: una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y otra que indaga las circunstancias de un viaje a Punta del Este realizado en febrero pasado.
La contratación se concretó en los últimos días y responde a recomendaciones que venían desde distintos sectores del Gobierno. Ledesma integra el estudio Guillermo Ledesma Abogados, fundado por el juez federal del mismo nombre que participó en el histórico Juicio a las Juntas. Esta elección refleja la búsqueda de experiencia y prestigio en materia penal para enfrentar los desafíos legales que enfrenta el funcionario.
El exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, fue uno de los primeros en sugerir públicamente que Adorni requería patrocinio legal. Aunque consideró que desde su perspectiva penal no existe delito, recomendó al funcionario delegar la defensa en profesionales especializados. "Es un enorme expositor, brillante. Pero en causa propia es distinto. Es como los abogados: pueden ser buenos, pero cuando te toca a vos, mejor buscate un abogado", expresó Libarona.
Ambas causas se encuentran bajo supervisión del juez federal Ariel Lijo. En la investigación por enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Gerardo Pollicita ha avanzado en las diligencias al citar como testigo a la escribana que intervino en la operación de compraventa del departamento de Adorni en Caballito. El inmueble fue adquirido por 230 mil dólares, siendo parte de ese monto financiado mediante un préstamo de dos mujeres, una de ellas jubilada. La escribana Adriana Mónica Nechevenko deberá presentarse el 8 de abril y constituye la primera testigo llamada en esta investigación.
La incorporación de Ledesma a la defensa de Adorni marca un giro en el manejo de su situación mediática y judicial, dejando en manos de especialistas la estrategia legal mientras el funcionario continúa con sus responsabilidades en el Gobierno.
