Más de treinta organizaciones de la sociedad civil argentina presentaron hoy un pedido formal a la senadora Patricia Bullrich para eliminar los artículos del proyecto de Ley General de Sociedades que habilitan la creación de sociedades automatizadas y autónomas. Las entidades advierten sobre riesgos constitucionales y la falta de control humano efectivo sobre sistemas de inteligencia artificial que operarían estas entidades jurídicas.
En la carta dirigida a Bullrich y al Senado, las organizaciones señalan que la propuesta permitiría constituir empresas operadas por algoritmos con solo un representante legal nominal y sin supervisión humana documentada. Solicitan expresamente la supresión del artículo 14 (Sociedad Automatizada) y de los artículos 258 a 265 referidos a Sociedades Autónomas Descentralizadas (DAO). Especialistas en derecho societario y penal que participaron en audiencias entre junio y agosto de 2026 advirtieron sobre la imposibilidad de atribuir responsabilidad penal o civil a sistemas sin una persona humana identificable detrás de cada decisión. Entre ellos figuran la jueza María Eugenia Boquín y el fiscal Jorge Flores. Además, la Unión Industrial Argentina (UIA) y el ex inspector general de Justicia, Daniel Vítolo, solicitaron retirar ambas figuras del proyecto.
El ministro Federico Sturzenegger, impulsor de la reforma, caracterizó esta iniciativa como un "experimento" durante las audiencias de junio a agosto de 2026, reconociendo la ausencia de antecedentes comparables en el derecho societario nacional. Emiliano Kargieman, defensor de las sociedades autónomas, expresó ante la comisión legislativa que estas entidades requieren una regulación mayor que las corporaciones tradicionales, posición opuesta a lo contemplado en los artículos cuestionados. Las organizaciones también citan advertencias internacionales recientes: Jacob Coxon, ex investigador de OpenAI y Anthropic, aseguró que ambas empresas no gestionan responsablemente el desarrollo de sistemas cada vez más autónomos. Evan Hubinger, de Anthropic, sostuvo que la probabilidad de que la inteligencia artificial cause daños graves a la humanidad supera el 10% en la próxima década.
Las ONG subrayan que en la primera reunión de comisión del 24 de junio de 2026 presentaron diecisiete condiciones mínimas para la viabilidad de sociedades automatizadas, todas rechazadas por el Ejecutivo nacional. Desde agosto de 2026, han presentado propuestas técnicas y alternativas documentadas sin recibir respuesta formal del Senado ni del oficialismo sobre su solicitud de audiencia pública. El pedido central a Bullrich consiste en abrir el debate mediante una audiencia pública antes de la firma de dictamen, eliminar los artículos en discusión y reescribir el artículo 102 para exigir documentación y autorización humana previa a cualquier acción societaria significativa operada mediante inteligencia artificial.
Las entidades firmantes, entre ellas la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial (LAIA), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Coalición por la Patagonia, proponen que cualquier régimen futuro para empresas operadas por IA se debata en un marco normativo integral con gobernanza, auditorías obligatorias y seguros frente a daños, no a través de artículos insertos en reformas mercantiles generales. Advierten que la aprobación sin garantías suficientes puede comprometer la capacidad del derecho argentino para atribuir responsabilidades y proteger derechos en escenarios de daño causado por sistemas basados en inteligencia artificial.
