Empresarios y sindicalistas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) exploraron este miércoles 3 de julio de 2026 una fórmula innovadora para aumentar los salarios que se escape del esquema tradicional atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). La iniciativa surge en un contexto crítico donde aproximadamente el 60% de los trabajadores percibe un salario básico de 1.036.390 pesos, cifra que se ubica por debajo de la línea de pobreza, y donde hace dos años no se pactan incrementos en la rama siderúrgica.
En la primera reunión oficial de esta nueva ronda paritaria, los delegados designados por el interventor judicial Alberto Biglieri se sentaron a negociar con las cámaras empresariales. Participaron los dirigentes Roberto Bonetti (Capital), Daniel Martínez (Cañada de Gómez), Adrián Pérez (Quilmes), Enrique Salinas (La Plata), Edgardo Holstein (San Nicolás) y Manuel Casas (Villa Constitución), junto a empresarios de sectores siderúrgico y metalmecánico. Ambas partes acordaron continuar las negociaciones la próxima semana tras intercambiar propuestas sobre mejoras remunerativas que no dependan de la inflación.
El desfase salarial es considerable. El último aumento fue firmado en noviembre de 2025 y contempló mejoras hasta marzo de 2026, con un aumento acumulado del 14% a través de sumas no remunerativas de 160 mil pesos que no se integraron al sueldo básico. Actualmente, se calcula que existe una pérdida salarial de 13 o 14 puntos respecto del costo de vida del período, mientras el Gobierno no homologa paritarias que superen una inflación de alrededor del 2%. Esta situación ocurre en un contexto de caída de la actividad industrial, pérdida de puestos de trabajo y cierre de fábricas en distintas provincias.
Estas negociaciones se desarrollan en medio de una compleja batalla judicial. El titular de la UOM, Abel Furlán, fue desplazado de su cargo el 22 de mayo de 2026 tras un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que anuló las elecciones de la Seccional Zárate-Campana por "serias irregularidades" y también dejó sin efecto la elección nacional del 18 de marzo de 2026. La Justicia dispuso la intervención del gremio a cargo de Biglieri por 180 días para convocar a nuevas elecciones en condiciones de transparencia.
La intervención de Biglieri generó conflictos administrativos. La Secretaría de Trabajo cuestionó sus facultades para designar delegados paritarios, pero este lunes 8 de julio de 2026, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó el pedido del Gobierno y ratificó que el interventor "cuenta con todas las facultades legales, estatutarias y reglamentarias" y que "la potestad de discutir acuerdos paritarios y de designar personas al efecto es una de ellas". Con esta resolución judicial, las negociaciones salariales finalmente se destraban y pueden continuar con legitimidad.
