En el día de hoy la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) realizó un paro nacional docente destacando un alto acatamiento en establecimientos educativos de todo el país. Simultáneamente, el Gobierno nacional avanzó con un relevamiento para verificar el cumplimiento de la Ley de Modernización Laboral, que exige el 75% de cobertura en servicios declarados esenciales.
Durante la mañana de este lunes, CTERA encabezó una movilización frente al Ministerio de Economía con la participación de su secretaria general Sonia Alesso, el secretario adjunto Roberto Baladel, y otras organizaciones como CONADU y ATE. En su intervención, Alesso denunció que los docentes perciben "salarios de hambre" con ingresos congelados que no alcanzan para fin de mes. Exigió la apertura urgente de la Paritaria Nacional Docente para actualizar el piso salarial federal, que actualmente se ubica en 500 mil pesos y está por debajo de la inflación acumulada de 2026.
La dirigente gremial también reclamó la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por el Gobierno en 2024, y criticó la falta de inversión en infraestructura escolar. "El Poder Ejecutivo no construyó ni una sola escuela en lo que va de su gestión", afirmó. Asimismo, rechazó los intentos de declarar la educación como servicio esencial para bloquear paros y se opuso al proyecto de Ley de Libertad Educativa.
Desde la cartera de Trabajo, el secretario Julio Cordero justificó el relevamiento nacional argumentando que "la huelga existe, es un derecho, pero se encuentra moderada por la Ley de Modernización". El Gobierno indicó que las sanciones recaerían sobre los gremios y no sobre docentes individuales, pudiendo llegar hasta la quita de personería gremial. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sostuvo que la medida busca resguardar el derecho a aprender de los estudiantes.
Los datos preliminares del relevamiento muestran disparidades regionales. El Gobierno señaló alto acatamiento en provincias gobernadas por peronistas como Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego, mientras que San Luis y Mendoza dictaron clases con normalidad. Santa Fe cumplió con los mínimos legales y Chaco registró bajo acatamiento. En la Ciudad de Buenos Aires, las autoridades reportaron adhesión menor al 10% con descuento de haberes para participantes.
