El Gobierno anunció hoy, 15 de octubre de 2026, que iniciará un proceso sancionatorio contra los gremios docentes que convocaron a un paro de 24 horas en la provincia de Buenos Aires. La medida fue impulsada por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria.
Durante un operativo de inspección realizado de forma sorpresiva, se constató la existencia de escuelas cerradas, un elevado ausentismo y situaciones en las que se impidió el ingreso de los fiscalizadores. Hasta el momento, los inspectores labraron 128 actas como primer corte de relevamiento. Desde la cartera oficial señalaron que la responsabilidad administrativa de cada entidad sindical se terminará de definir una vez que se consoliden todas las actas de relevamiento.
La intervención del Ejecutivo se fundamenta en el artículo 101 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionada en febrero de 2026, la cual declaró a la educación inicial, primaria, secundaria y especial como un servicio esencial. Debido a esto, las organizaciones sindicales están obligadas a garantizar una cobertura mínima del 75% de la actividad habitual durante la realización de medidas de fuerza.
El procedimiento administrativo apunta principalmente a las organizaciones que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), entre ellas SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET. La normativa habilita penalidades contempladas en las leyes de asociaciones sindicales y procedimientos de conciliación, pero el Gobierno resolvió avanzar por la vía administrativa sin fijar montos de multas o castigos específicos en esta etapa.
La determinación final de los expedientes dependerá de la documentación reunida al término de la fiscalización completa. El Ministerio de Capital Humano continuará monitoreando el cumplimiento de la cobertura mínima requerida en futuras medidas de fuerza convocadas por los gremios docentes.
