Quince días después del derrumbe del estacionamiento en el complejo Estación Buenos Aires, la Guardia de Auxilio del Gobierno porteño levantó la clausura preventiva en los sectores considerados aptos para habitar, manteniendo las restricciones en las áreas que aún no cumplen con las condiciones de seguridad necesarias.
Cada unidad funcional recibirá un plano detallado que identificará claramente qué espacios están habilitados y cuáles permanecen clausurados. La medida busca que los vecinos conozcan con precisión el estado de sus viviendas. Sin embargo, la decisión final sobre el regreso de los residentes quedó en manos de la Fiscalía, que fue notificada ayer por la tarde.
De forma paralela, se solicitó formalmente que la Fiscalía autorice a las empresas prestatarias a restablecer los servicios esenciales de agua, luz y gas en los inmuebles afectados. El Ministerio Público Fiscal será quien dicte las instrucciones para normalizar estos servicios en el marco del proceso abierto tras el derrumbe del 3 de marzo.
El Gobierno está elaborando un protocolo de regreso que será comunicado una vez que la Fiscalía apruebe el reingreso. Este reglamento garantizará un retorno ordenado, seguro y coordinado, con notificaciones previas a los vecinos sobre las pautas específicas. Durante el regreso, los residentes contarán con acompañamiento de las áreas intervinientes para resolver consultas y brindar asistencia directa.
Mientras tanto, los vecinos reportan problemas en la comunicación con las autoridades. Las fechas de hospedaje fueron renovadas hasta el 25 de marzo, pero muchos residentes se enteraron del cambio el mismo día del vencimiento anterior. Ante esta situación, los vecinos convocan a una nueva marcha para el sábado 21 de marzo para exigir definiciones claras sobre su situación.
