El debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares llegó al Senado con posiciones irreconciliables. Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y la senadora Flavia Royón del bloque "Primero los salteños" expusieron sus argumentos, mostrando un conflicto fundamental sobre cómo proteger los glaciares argentinos mientras se permite la explotación minera.
Para Nápoli, el proyecto del gobierno de Javier Milei representa "una reforma constitucional encubierta" que busca flexibilizar la Ley 26.639, una norma transversal aprobada con consenso parlamentario. El ambientalista advierte que una ley aclaratoria retroactiva habilitaría inmediatamente todos los emprendimientos mineros en zonas críticas. Según su análisis, la reforma traslada el control del IANIGLA (Instituto Nacional de Glaciología) a las provincias, transformando una ley científica y uniforme en una norma política fragmentada donde cada provincia decidirá qué glaciares proteger. Nápoli destaca que los casi diecisiete mil glaciares inventariados en Argentina poseen reserva estratégica de agua y cumplen funciones cruciales para la biodiversidad y el cambio climático.
Royón defiende la propuesta argumentando que la aclaración busca ratificar la protección del agua mediante estudios técnico-científicos. Según la senadora, la ley actual contiene contradicciones y nunca fue reglamentada desde su sanción en 2010. Critica que el inventario del IANIGLA se realizó "con imágenes satelitales de escritorio" sin estudios de campo, y sostiene que la aclaración permite que las provincias coordinen con el instituto para realizar investigaciones más rigurosas sobre el "ambiente periglacial" o "glaciares de escombros", donde algunos tienen función hídrica y otros no.
El núcleo del conflicto radica en la compatibilidad entre desarrollo y protección ambiental. Nápoli aclara que FARN no se opone a la minería, sino a su explotación en zonas críticas que representan apenas el 0,4% del territorio argentino. Advierte sobre los riesgos de las megamineras de altura, que utilizan explosivos para volar montañas y glaciares. Por su parte, Royón enfatiza que Argentina necesita de todos los sectores productivos, incluyendo la minería, que en San Juan utiliza menos del 2% del agua provincial. Para la legisladora, el debate no es sobre si permitir minería o no, sino sobre proteger efectivamente los glaciares mientras se impulsa el desarrollo nacional.
El Senado debatirá este jueves una norma que redefine el control provincial sobre el ambiente periglacial y habilita la minería en zonas actualmente vedadas, en un enfrentamiento que refleja las tensiones entre la agenda ambiental y las prioridades de desarrollo económico del gobierno actual.
