La vicegobernadora Verónica Magario oficializó la conformación de las comisiones del Senado bonaerense, un movimiento que reavivó los conflictos internos del peronismo y encendió las alertas en la oposición. Con dos meses de retraso, la Cámara alta provincial comienza a retomar su actividad legislativa tras un largo letargo. El decreto de Magario establece la integración de todas las comisiones, excepto la de Reforma Política y Régimen Electoral, que continúa en negociaciones. El orden de los nombres en el documento sugiere quiénes presidirán cada área, aunque el kirchnerismo ya advirtió que disputará esta distribución mediante votación interna.
La principal disputa se centra en la presidencia de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA), históricamente controlada por el kirchnerismo. Emmanuel González Santalla, senador camporista, ocupaba este cargo hasta hace poco. Sin embargo, en el decreto aparece Malena Galmarini, del Frente Renovador, como primera en la lista. Desde La Cámpora señalan que el reglamento interno permite que los legisladores definan mediante voto quién preside cada comisión. Esta pugna refleja una tensión más profunda: mientras el sector de Máximo Kirchner controla el Ministerio de Justicia, que gestiona acuerdos para designar jueces y fiscales, el gobernador Axel Kicillof busca equilibrar el poder dentro del peronismo bonaerense.
En el esquema propuesto, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) presidiría Legislación General con Germán Lago, cercano a Kicillof. La Cámpora retendría Presupuesto e Impuesto, mientras que también controlaría la comisión de Derechos Humanos y Garantías bajo la dirección de Amira Curi. Desde este último espacio, el kirchnerismo impulsará pronunciamientos en favor de la expresidenta Cristina Kirchner. La distribución refleja un equilibrio frágil entre las facciones peronistas, donde cada sector busca posicionar su agenda legislativa.
La oposición libertaria y tradicional ve una oportunidad para avanzar su agenda. En Legislación General, donde integran senadores como Guillermo Montenegro (PRO) y Carlos Curestis (La Libertad Avanza), buscarán impulsar la adecuación de Buenos Aires al nuevo Régimen Penal Juvenil, reduciendo la edad de imputabilidad a 14 años en línea con la Ley Nacional 27.801. Este proyecto, presentado por Montenegro, enfatiza la resocialización de menores sin orientarse únicamente a la punición, manteniendo la estructura normativa existente.
La comisión de Reforma Política y Régimen Electoral se perfila como el campo de batalla electoral más relevante. La Libertad Avanza busca arrebatar su control a la oposición tradicional, mientras que todas las fuerzas políticas la ven como un espacio clave para discutir la Boleta Única de Papel (BUP) y modificaciones al sistema electoral. Kicillof también apunta a esta comisión para definir cuestiones como la reelección indefinida de intendentes. Las negociaciones continúan abiertas, sin definiciones cerradas. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados bonaerense, la conformación de comisiones aún permanece pendiente de oficialización.
