El bloque de HECHOS presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para prohibir los celulares en todas las cárceles de la provincia. La iniciativa, que ya fue ingresada en ambas cámaras, será tratada en las próximas semanas con el objetivo de restaurar el orden y fortalecer la seguridad pública en el territorio provincial.
La medida busca revertir una normativa excepcional implementada durante la pandemia de Covid-19, cuando se permitió que los detenidos tuvieran dispositivos móviles para mantener contacto con sus familias ante la imposibilidad de recibir visitas. Sin embargo, esta excepción se prolongó más allá de su justificación inicial y, según los legisladores, sin analizar sus consecuencias negativas. Hoy, el uso de celulares se ha convertido en una práctica común que facilita la comisión de delitos desde el interior de los penales, incrementando estafas telefónicas, extorsiones y amenazas que afectan especialmente a sectores vulnerables.
El proyecto propone prohibir el ingreso, tenencia y uso de teléfonos celulares y dispositivos con conectividad en todas las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, además de implementar sistemas tecnológicos de inhibición y bloqueo de señales. El incumplimiento será considerado falta grave con posibles responsabilidades penales. No obstante, se garantizará el derecho a la comunicación de los detenidos a través de medios oficiales supervisados por las autoridades penitenciarias, como líneas institucionales y sistemas controlados para contacto con familiares y abogados.
El debate se reabrió tras el aumento de casos de estafas y amenazas originadas en penales. Uno de los casos más resonantes fue la muerte del soldado Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, quien se suicidó tras ser víctima de un engaño perpetrado desde las cárceles de Magdalena y Olmos. La banda, liderada por Tomás Francavilla (condenado en 2024 por robo a mano armada), lo contactó mediante un falso perfil en una app de citas, luego simuló ser un policía acusándolo de relacionarse con una menor inexistente y lo extorsionó. El soldado fue despojado de $1,4 millones en transferencias a billeteras virtuales operadas por cómplices de la red delictiva.
Desde el bloque de HECHOS enfatizan que el Estado no puede permitir que personas privadas de libertad continúen delinquiendo mediante herramientas tecnológicas no controladas. Insisten en que el sistema penitenciario debe funcionar bajo reglas claras con control efectivo para resguardar la seguridad de los bonaerenses y cortar la cadena de delitos organizados desde el interior de las cárceles. La iniciativa busca proteger a la población de nuevas modalidades de fraude que operan desde las unidades penitenciarias.
