La Libertad Avanza presentó el 21 de julio de 2026 un proyecto de ley para cobrar por servicios de salud y educación a extranjeros sin residencia legal en la provincia de Buenos Aires. El diputado provincial Ramón Vera, firmante de la iniciativa, explicó que la medida busca "establecer un orden en el acceso a los recursos provinciales" y no discriminar a los extranjeros residentes que trabajan y tributan legalmente en la provincia.
Vera aclaró que el proyecto diferencia entre extranjeros residentes y no residentes. Según sus datos, el padrón electoral bonaerense incluye un 14% de extranjeros con residencia legal que trabajan y tributan, y estos no serían afectados por la iniciativa. En cambio, la propuesta apunta a quienes ingresan al territorio sin residencia y utilizan hospitales o escuelas públicas sin aportar al sostenimiento del sistema. "En la provincia de Buenos Aires no sobra absolutamente nada", argumentó el legislador el 22 de julio de 2026.
El diputado describió casos de "turismo sanitario" donde personas de países limítrofes viajan a Buenos Aires para acceder a intervenciones médicas o educación pública. Mencionó que "permanentemente reciben comunicación de extranjeros queriendo atenderse en cualquier hospital público bonaerense" y estimó que "son decenas de miles" los no residentes que utilizan estos servicios, aunque reconoció que no existen cifras oficiales precisas sobre este fenómeno.
Vera reconoció que no hay un cálculo monetario exacto sobre el costo de atender a no residentes, pero señaló que el sistema de salud provincial enfrenta otras dificultades, como la deuda con IOMA y la falta de acceso de 2.1 millones de afiliados a esa obra social. Argumentó que "tenemos otras prioridades para solucionar a la ciudadanía" y utilizó una analogía: "Si tengo para alimentar a cuatro hijos, no puedo adoptar seis más".
Al responder sobre si el cobro a no residentes podría resolver las falencias estructurales del sistema sanitario y educativo, Vera sostuvo que la propuesta busca poner "blanco sobre negro" y ordenar el acceso a los servicios públicos. Enfatizó que el acceso de no residentes complica la atención para los bonaerenses y extranjeros residentes legales, y argumentó que la provincia debe priorizar a sus habitantes y a quienes tributan y residen legalmente en el territorio.
