El Congreso argentino debate actualmente un proyecto de ley que propone reformar significativamente la regulación sobre propiedad privada y tenencia de tierras rurales. La iniciativa, conocida como "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", busca transferir a las provincias la facultad de regular la venta de tierras a extranjeros, eliminando el límite nacional del 15% que actualmente existe. Aunque el proyecto avanza en la Cámara de Senadores, aún no reúne los votos necesarios para su aprobación a julio de 2026.
Uno de los aspectos más controvertidos es la pérdida potencial de control nacional sobre territorios y recursos estratégicos. Juan Martín Paleo, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, advirtió que "la soberanía hoy no está en juego solo cuando se define quién tiene potestad sobre ese territorio, sino sobre los recursos críticos o estratégicos de ese territorio". Paleo señaló que países como Brasil, Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, China y México mantienen restricciones especiales sobre la propiedad de tierras y activos estratégicos. Expresó su preocupación de que "que tengan el poder de decisión absoluto para mí no es correcto. Primero, porque somos una nación".
Respecto a los cambios específicos en la regulación, el dictamen de mayoría elimina el límite nacional para la compra de tierras rurales por extranjeros, permitiendo que cada provincia establezca sus propias restricciones o no imponga ninguna. También desaparece el tope de mil hectáreas en la zona núcleo que evitaba grandes concentraciones de territorio en áreas productivas. Las limitaciones para la compra de tierras por parte de Estados extranjeros también quedarían eliminadas, abriendo la posibilidad de que recursos hídricos estratégicos y áreas de frontera queden en manos extranjeras si las provincias no establecen restricciones.
El proyecto modifica sustancialmente el régimen de expropiaciones, endureciendo los requisitos para que el Estado avance sobre la propiedad privada. La declaración de utilidad pública deberá ser específica, necesaria y proporcional, y la indemnización deberá pagarse antes de la toma de posesión. Además, incorpora el concepto de lucro cesante, permitiendo que los propietarios reclamen no solo el valor actual del bien sino también ganancias futuras, lo que podría judicializar estos reclamos.
En materia de desalojos, el proyecto amplica el plazo de intimación por falta de pago de tres a diez días e incluye salvedades para evitar desalojos masivos en barrios populares. La protección vigente suspende los desalojos hasta octubre de 2032, período durante el cual debería resolverse la regularización de la propiedad y el territorio. El gobierno sostiene que la flexibilización de la normativa busca atraer inversiones y aumentar el ingreso de dólares al país, mientras que los críticos advierten sobre los riesgos de ceder control sobre recursos estratégicos en un contexto de falta de una directiva de Defensa Nacional actualizada.
