El Gobierno de Javier Milei enfrenta un escenario complejo con la reforma laboral, donde mantiene una postura firme sobre las modificaciones impositivas a pesar de la resistencia de los gobernadores provinciales.
La principal fuente de conflicto radica en la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades y alquileres, lo que impactaría directamente en los fondos coparticipables que reciben las provincias. Según estimaciones del Instituto de Análisis Fiscal (Iaraf), el costo fiscal inicial sería de 0,22% del PBI, lo que representa entre $5000 y $6000 millones mensuales.
El ministro del Interior, Diego Santilli, ha mantenido reuniones con gobernadores del norte como Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, quienes exigen garantías de compensación. Sin embargo, el Gobierno se mantiene inflexible y argumenta que la recaudación se equilibrará con el crecimiento económico proyectado para 2027.
Los mandatarios provinciales, aún con su poder debilitado tras las elecciones legislativas de 2025, buscan preservar sus intereses económicos. Sostienen que la reforma es necesaria, pero debe contemplar el impacto en sus territorios.
Por ahora, la situación permanece en un estado de "conversaciones abiertas", con el Gobierno reiterando su compromiso de reducir impuestos y las provincias reclamando compensaciones que garanticen su estabilidad financiera.
