La reciente Ley de Modernización Laboral enfrentó su primer desafío judicial. La Asociación Gremial de la Abogacía del Estado presentó formalmente una demanda de inconstitucionalidad contra varios puntos de la normativa impulsada por el Poder Ejecutivo, argumentando que viola garantías fundamentales reconocidas en la Constitución Nacional.
La entidad legal cuestionó específicamente que la reforma contradice los derechos laborales protegidos por el artículo 14 bis de la Constitución. En su presentación, la Abogacía del Estado señaló que "la nueva legislación afecta derechos laborales reconocidos históricamente y podría debilitar las condiciones de trabajo protegidas por la legislación vigente", enfatizando que estos derechos fundamentales se encuentran vulnerados por la ley aprobada.
Paralelamente, la Confederación General del Trabajo también avanzó con una acción judicial propia. La central obrera presentó su demanda argumentando una "grave afectación de derechos colectivos e individuales" y expresó confianza en que la Justicia, como poder republicano, cuidará el cumplimiento de la Constitución Nacional. En su documento, la CGT amplió sus críticas señalando que la "mal llamada modernización" viola expresamente principios constitucionales.
Entre los principales puntos cuestionados por los sindicatos figuran jornadas de trabajo de hasta 12 horas, la eliminación de horas extras con la consecuente reducción salarial, y cambios en el régimen de indemnizaciones y aportes. Estas modificaciones generaron una movilización inmediata del movimiento obrero hacia los tribunales.
Con estas presentaciones judiciales, la aplicación de la reforma laboral queda ahora bajo análisis de los tribunales. Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como una necesaria actualización del mercado laboral, los sindicatos y organizaciones profesionales anticipan una disputa legal prolongada que profundizará la tensión entre el Ejecutivo y el movimiento obrero argentino.
