La disputa judicial por la reforma laboral alcanzó un punto de quiebre decisivo. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al juez laboral Raúl Horacio Ojeda que remita el expediente en 24 horas, consolidando así la exclusión definitiva de la Justicia del Trabajo en la causa impulsada por la CGT. La resolución marca un giro central: la competencia sobre este asunto quedó definitivamente resuelta a favor del fuero contencioso administrativo federal.
La orden de la Cámara no solo reafirma la decisión del 28 de abril, sino que expone de manera directa el incumplimiento del magistrado laboral, quien hasta el momento se había negado a remitir las actuaciones. El tribunal utilizó una herramienta procesal excepcional: habilitó días y horas inhábiles para garantizar el cumplimiento urgente. Este movimiento refleja la tensión generada por el conflicto de competencia y la necesidad de asegurar que se acate la decisión de la instancia superior.
Detrás de esta estrategia judicial está la Procuración del Tesoro de la Nación, bajo la conducción de Sebastián Amerio, que jugó un papel central en trasladar el caso al fuero contencioso administrativo federal. El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, también solicitó formalmente levantar la medida cautelar dictada por Ojeda, que había suspendido más de 80 artículos de la ley de reforma laboral. La PTN cuestionó además el desarrollo del expediente en la Justicia del Trabajo, argumentando que se vulneraron garantías procesales básicas.
El antecedente clave fue el fallo del 28 de abril, cuando la Cámara determinó que la causa debía tramitar en el fuero contencioso administrativo federal y no en la Justicia del Trabajo. El tribunal consideró que el caso excedía el marco del derecho laboral clásico e involucraba cuestiones federales, como la validez de una ley sancionada por el Congreso. Esa decisión desplazó al juez Ojeda, quien había hecho lugar a la medida cautelar solicitada por la CGT.
A partir de ahora, el foco estará en la resolución de fondo. El juzgado contencioso administrativo federal deberá analizar la validez de la ley y resolver si los artículos cuestionados se ajustan a la Constitución. La disputa podría escalar hacia instancias superiores, con la Corte Suprema como árbitro final. Lo cierto es que el Gobierno consolidó una posición estratégica: la discusión ya no se dará en el fuero laboral, donde históricamente los sindicatos han tenido mayor receptividad. Este cambio de fuero redefine por completo el escenario en uno de los capítulos más sensibles del programa de reformas.
