La Justicia Contencioso Administrativa Federal volvió a fallar a favor del Gobierno en la batalla judicial por la reforma laboral. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 anuló las últimas medidas cautelares dictadas por la Justicia del Trabajo para suspender artículos de la Ley 27.802 de modernización laboral impulsada por la administración de Javier Milei. La decisión se basó en que el magistrado que otorgó la medida previa había sido declarado incompetente para intervenir en causas vinculadas con esta reforma.
El fallo fue dictado en el expediente iniciado por el Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante y anuló una cautelar previa otorgada por el Juzgado Nacional del Trabajo N°63, a cargo de Enrique Ojeda. La resolución señaló que la medida debía quedar sin efecto porque el juez laboral ya había sido declarado incompetente para intervenir en este tipo de causas. Esta decisión fue resultado de una presentación del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, y la Procuración del Tesoro de la Nación, bajo la dirección de Sebastián Amerio.
Con esta anulación, los artículos de la Ley 27.802 quedan plenamente vigentes. La estrategia judicial del Gobierno apunta a concentrar todas las impugnaciones contra la reforma dentro de un expediente colectivo principal en el fuero Contencioso Administrativo Federal, evitando la fragmentación judicial. Esta táctica se vincula directamente con el fallo del 8 de mayo del mismo juzgado, donde rechazó la medida cautelar presentada por la CGT que buscaba suspender más de 80 artículos de la reforma laboral.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal había resuelto previamente que la causa principal sobre la constitucionalidad de la reforma debía tramitar en el fuero contencioso y no en tribunales laborales. Esta definición consolidó el criterio de que las acciones contra la ley deben seguir este camino, dejando de lado las presentaciones individuales que sindicatos habían impulsado ante la Justicia del Trabajo para obtener medidas cautelares específicas contra capítulos concretos de la ley.
Desde el oficialismo interpretan que el escenario judicial se ha ordenado definitivamente a favor de la vigencia de la reforma laboral. Las últimas resoluciones representan una validación de la estrategia jurídica impulsada por el Ministerio de Capital Humano y la Procuración del Tesoro, que desde el inicio insistieron con la incompetencia de la Justicia laboral. La reforma laboral constituye uno de los capítulos centrales del programa de desregulación promovido por Milei, introduciendo modificaciones sobre contratación laboral, registración de empleados, multas laborales e intermediación, entre otros puntos.
