La reforma laboral enfrentó su primer revés judicial cuando el juez Ricardo Gileta declaró la inconstitucionalidad del artículo 55, una norma que regula los juicios laborales y reduce significativamente las compensaciones que reciben los trabajadores.
El artículo cuestionado establece un sistema de actualización de deudas en litigios laborales en curso utilizando tasas del Banco Central (BCRA), pero con un límite máximo de inflación más 3% anual y un piso del 67% de ese cálculo. Esta metodología generaba una reducción entre el 20% y el 60% en lo que finalmente cobraría un trabajador comparado con los criterios aplicados anteriormente en diversos tribunales laborales.
El tribunal identificó una injusticia fundamental en el mecanismo: trabajadores en situaciones sustancialmente idénticas recibían tratamientos dispares. Mientras aquellos que iniciaban acciones judiciales después de la reforma accedían a una actualización plena del crédito basada en la evolución del índice de precios, los que ya tenían procesos en curso recibían una recomposición menor de sus deudas.
El juez Gileta argumentó que esta distinción vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 16 de la Constitución Nacional, ya que implica otorgar un trato más desfavorable a quienes llevan más tiempo esperando el reconocimiento de su crédito laboral. Esta desigualdad resultaba especialmente gravosa para los trabajadores con procesos más antiguos.
En su resolución, Gileta desechó la validez constitucional del artículo 55 tras analizar exhaustivamente el mecanismo de actualización de créditos laborales. Esta sentencia representa un importante precedente que cuestiona los alcances de la reforma laboral y sus implicancias para los derechos de los trabajadores en litigios pendientes.
