El oficialismo inició conversaciones estratégicas para allanar el camino de la reforma laboral, a menos de dos semanas de reiniciar el período parlamentario. Delegados técnicos de La Libertad Avanza (LLA) comenzaron reuniones reservadas con representantes empresariales, como la Unión Industrial Argentina (UIA), para consensuar criterios sobre el proyecto.
Martín Rappallini, presidente de la UIA, considera la reforma "necesaria" para modernizar las relaciones laborales, señalando problemas como la falta de empleo formal y baja productividad. Los empresarios podrían respaldar cambios como la implementación de un banco de horas, un fondo de garantía laboral y modificaciones en el régimen de vacaciones.
El bloque oficialista espera tratar el proyecto el 11 de febrero, con optimismo de su aprobación. Sin embargo, existen desafíos importantes, como la resistencia sindical de la CGT y las preocupaciones de los gobernadores por el impacto fiscal del proyecto.
La Confederación General del Trabajo (CGT) califica la iniciativa como "profundamente regresiva", amenazando con movilizaciones, acciones judiciales o un potencial paro general. Los sindicatos cuestionan puntos como la creación del Fondo de Asistencia Laboral, la ampliación de jornadas laborales y la flexibilización de convenios colectivos.
Las negociaciones continúan con diferentes sectores, incluyendo reuniones con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), buscando construir consensos y minimizar la oposición antes del debate parlamentario.
