Más de 30 organizaciones de la sociedad civil y organismos de protección de derechos de distintas provincias, encabezados por la Fundación Red por la Infancia, reclamaron al Senado que apruebe antes del fin del período ordinario, a fines de noviembre de 2026, un proyecto de ley de prevención de violencia infantil. La iniciativa fue dictaminada recientemente y tiene preferencia para la próxima sesión.
El proyecto fue impulsado en la Cámara alta por la senadora chubutense Andrea Cristina (PRO), quien responde al gobernador Ignacio Torres. El despacho en el plenario de las comisiones de Legislación General y de Población y Desarrollo Humano reunió firmas de legisladores de distintos bloques, entre ellas las de Patricia Bullrich, Nadia Márquez, Pablo Bensusán, Fernando Salino, Mariano Recalde, Jorge Capitanich, Rodolfo Suárez y Carlos Espínola. La legisladora María Huala (La Pampa) firmó en disidencia parcial.
El artículo segundo establece que toda institución deportiva, social, recreativa, educativa, religiosa o de cualquier otra índole, sea pública o privada, que tenga a su cargo o involucre a niñas, niños o adolescentes deberá diseñar e implementar protocolos de prevención, detección y actuación ante situaciones de violencia. Esos protocolos se elaborarán junto con las autoridades de aplicación de cada jurisdicción, según lineamientos nacionales trabajados en el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia.
Según la Fundación Red por la Infancia, la historia del proyecto comenzó en 2018, tras conocerse los abusos y la explotación sexual de adolescentes de las divisiones inferiores del Club Independiente. Desde entonces, la iniciativa recibió respaldo de distintas fuerzas políticas y fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras en distintas instancias, pero perdió estado parlamentario en dos oportunidades sin convertirse en ley. La entidad sostuvo que, durante esos ocho años, nuevos casos como las denuncias por abusos en jardines de infantes, el caso del Instituto Próvolo, el de Lucio Dupuy y las denuncias de grooming vinculadas a Independiente volvieron a mostrar las dificultades de las instituciones para detectar señales de alerta.
La organización también citó datos de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entre 2018 y 2025 se registraron 35.058 denuncias de violencia contra niñas, niños y adolescentes, y en el 56% de los casos denunciados en 2025 la violencia ocurría a diario o semanalmente. Esas cifras corresponden a una sola jurisdicción y no representan la totalidad de los hechos ocurridos en el país.
La directora ejecutiva de la fundación, Paula Wachter, afirmó que el 80% de los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes ocurre en su entorno cercano. Por eso, según planteó, es fundamental que las instituciones que trabajan con ellos cuenten con protocolos de prevención y con procedimientos claros para actuar a tiempo y brindar una respuesta adecuada a las víctimas. El proyecto establece que esos protocolos deberán contemplar, como mínimo, abuso sexual, violencia física y violencia entre pares, además de otros tipos que determine la autoridad de aplicación.
