El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió ante el Senado la iniciativa que el Gobierno envió para blindar los derechos sobre la propiedad privada. El proyecto modifica normas sobre expropiaciones, barrios populares, tierras rurales y regulaciones sobre manejo del fuego, buscando fortalecer la seguridad jurídica en materia inmobiliaria.
Durante su exposición ante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado, Sturzenegger enfatizó que "el único insumo que Argentina nunca pudo poner sobre la mesa es el respeto a los derechos de propiedad". Argumentó que esta carencia ahuyenta inversiones, incluso en sectores ricos en recursos naturales como la minería, donde los potenciales inversores demandan certezas sobre los derechos de propiedad. El proyecto consta de seis capítulos y 53 artículos que buscan agilizar procesos judiciales y modernizar registros.
El funcionario detalló los principales cambios: las expropiaciones no podrán ser discriminatorias y deberán estar específicamente fundadas, con compensaciones al valor de mercado que incluyan lucro cesante. Además, propone alinearse con tratados bilaterales de inversión que Argentina ya tiene vigentes con otras naciones. En materia de desalojos, el proyecto introduce cambios sustanciales en los juicios sumarísimos para acelerar procesos, incorporando notificación electrónica y estableciendo nuevos plazos.
Sturzenegger cuestionó la efectividad de la ley de regularización de barrios populares, señalando que en diez años solo se resolvió el 0,08% de los casos. Calculó que al ritmo actual necesitarían 12.500 años para completar el proceso. También criticó severamente la ley de fuego impulsada durante la gestión anterior, calificándola de "dislate" por prohibir acciones correctivas durante 30 años en caso de catástrofes en campos ganaderos.
Las primeras preguntas provinieron de senadores de la oposición, quienes cuestionaron tanto el proyecto como la gestión actual del funcionario, enfocándose en cuestiones de endeudamiento y políticas de desregulación. Algunos expresaron preocupación sobre posibles desalojos de personas sin capacidad de pago, planteando interrogantes sobre el impacto social de los juicios sumarísimos acelerados.
